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En ocho años de gobierno el presidente, Juan Manuel Santos, puede exhibir una economía que no ha parado de crecer de forma moderada, pero su sucesor, Iván Duque, deberá lidiar con un gasto público que ha aumentado hasta alcanzar el 40,2 % del PIB.
El gobierno de Santos (2010-2018), que el 7 de agosto cederá el testigo a Duque, cuenta con unos datos que muestran un incremento del PIB del 4 % en 2010 y que tuvo un pico en 2011 del 6,6 % para mantenerse en el 4 % en 2012; 4,9 % en 2013 y 4,4 % en 2014. Sin embargo, a partir de esa fecha el crecimiento se redujo hasta el 3,1 % en 2015, un 2 % en 2016 y en 2017 consiguió mantener una expansión más ligera, del 1,8 %.
El Gobierno muestra esos datos como un éxito puesto que considera que se han producido a pesar de coyunturas económicas "muy difíciles", especialmente debido a la caída del precio del petróleo. Sin embargo, el profesor Javier Garay, de la Universidad Externado de Colombia, manifestó a Efe que el crecimiento durante los primeros años de Santos se debe en parte a las medidas adoptadas en los gobiernos anteriores.
Garay explicó que a partir del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) comenzaron a tomarse "una serie de decisiones" que condujeron a "una suerte de apertura comercial tímida", cimentada posteriormente en el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y después "por toda la dinámica económica que impactó los primeros años de gobierno de Juan Manuel Santos".
El experto, especializado en política económica y desarrollo internacional, achacó la desaceleración del crecimiento a factores como el descenso de los precios de las materias primas, punto en el que coincide con el Gobierno, así como "la ralentización de la economía china" y el ritmo moderado de la economía de Estados Unidos. Consecuencia del crecimiento sostenido, durante los ocho años del Gobierno de Santos, se crearon 3,5 millones de empleos, la mayoría formales, mientras que 5,4 millones de personas salieron de la pobreza.
En el sector agropecuario se abrieron 489.000 puestos de trabajo, lo que hizo que en 2016 la tasa de desempleo rural fuera la más baja de los últimos 16 años. Además, el Gobierno en su informe "Colombia avanza 2010-2018", asevera que redujeron la carga fiscal sobre las empresas con la eliminación del impuesto a la riqueza, la disminución de las tarifas del impuesto de renta y la deducibilidad del IVA a la compra de bienes de capital.
En ese punto es donde Garay expresó su mayor crítica, puesto que "en relación al gasto de impuestos, el gasto del Gobierno ha venido creciendo".
La deuda externa de Colombia alcanzó en 2017 el 40,2 % del PIB, un crecimiento notable con respecto al 2010, cuando suponía el 22,6 % del Producto Interior Bruto.
Por eso, el profesor universitario consideró que el siguiente gobierno deberá ponerse "en serio a mirar cómo va a frenar el déficit fiscal y por otro lado frenar la deuda pública". Entre los éxitos de Santos está el hecho de que la inversión extrajera bruta se duplicó en los últimos ocho años en relación a los ocho años anteriores (de Uribe), al pasar de 6.400 millones de dólares anuales en promedio a 14.509 millones de dólares.
Además, Colombia recuperó en 2011 el grado de inversión BBB-, el cual fue elevado en 2013 a BBB. El eje del segundo mandato de Santos fue conseguir un acuerdo de paz con las Farc cuyos efectos económicos, según se presuponía, podían implicar un crecimiento del PIB de hasta dos puntos porcentuales adicionales.
Pese a que hace un año que las Farc se desarmaron, todavía no se ha percibido ese crecimiento. Pero, en opinión de Garay, la mejor herencia de Santos es precisamente la relacionada con la seguridad puesto que, "aunque nunca un proceso así es fácil", se "ve un impacto positivo" y eso va a tener un efecto "en el mediano y largo plazo en términos de decisiones de inversión y creación de empleo".
Otro de los grandes éxitos es el comienzo de una gran revolución en las infraestructuras del país, lo que impedía el desarrollo en las zonas más afectadas. Para el Gobierno de Santos, se superaron las grandes deficiencias que se tenía en materia de planificación y estructuración de proyectos, una labor que deberá continuar el ejecutivo de Duque.
