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Según cifras del sector laboral, en lo corrido de 2019 ha disminuido un 6,7 % los contratos por prestación de servicios en Colombia. Este descenso estaría relacionado con dos factores: el primero de ellos los recientes fallos judiciales, en los que se reconoce la violación de varios derechos laborales por parte de algunos empresarios.
"Han influido los pronunciamientos recientes de la corte, en los que dice que no se puede disfrazar una labor que se requiere realmente en una empresa, con la figura del contrato de prestación de servicios. Cabe señalar que estos contratos se pueden prorrogar sólo tres veces”, explicó Germán Linares, experto en contratación social.
A esto se suma el impacto que ha generado la migración de ciudadanos venezolanos, que al no tener los papeles al día o al no encontrar muchas alternativas laborales, trabajan sin firmar ningún tipo de contrato.
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"Estas personas vienen desarrollando algunas labores y no tienen ningún tipo de contrato que les permita afiliarse a la seguridad social, por lo que los empresarios en muchas ocasiones prefieren contratar a estos ciudadanos y no genera nuevas contrataciones de los colombianos”, señaló el experto.
Para el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela, aunque ha habido una disminución en este tipo de contratos, es necesario que se eliminen por completo, ya que ha deteriorado las condiciones laborales de muchos trabajadores.
El representante de la central obrera afirma que "toda forma distinta a la que sea del contrato directo deben desaparecer, como los contratos de prestación de servicios. También deben desaparecer las cooperativas de trabajo y no debe haber contrataciones tercerizadas".
Pero, ¿quién vigila que los empleadores cumplan con lo estipulado en el contrato? Esta tarea le toca al propio contratista, que cuando ve vulnerados sus derechos debe acudir a la justicia colombiana a través de una demanda, que puede durar varios meses e incluso años.
El viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Carlos Alberto Baena, explica que se puede acudir al Ministerio de Trabajo para tratar de conciliar con el empleador, si es que el problema está relacionado con el pago de los honorarios.
"Pero si por ejemplo al contratista le cambiaron las condiciones pactadas en el contrato, el contratista puede pedir una indemnización por el cambio de estos y demandar ante los jueces civiles", afirmó el alto funcionario.
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El Observatorio laboral de la Universidad del Rosario advierte que las condiciones de los independientes podría agravarse si se llegará a dar vía libre a una contratación laboral por horas en el país, como en este momento lo contempla en gobierno.
"Hay un incentivo hacia el detrimento de los derechos laborales y se fomenta la informalidad, porque formalidad no es disminuir estándares laborales para mejorar las cifras, es lograr generar empleos de calidad como plantean los organismos internacionales", explicó el director del Observatorio Laboral, Iván Jaramillo.
Se estima que en el país hay cerca de tres millones y medio de colombianos que cuentan con una vinculación por prestación de servicios, de estos 244 mil 668 están en el sector público.
