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La Contraloría General de la República anunció la activación de un especial seguimiento a la ejecución de los recursos públicos destinados a la atención de la emergencia invernal, que afecta a buena parte del país.
La decisión responde a inquietudes y denuncias ciudadanas sobre la gestión de los recursos y tiene como objetivo principal “salvaguardar los recursos destinados a la atención de la emergencia, asegurando que las ayudas humanitarias y logísticas lleguen de manera oportuna y efectiva a quienes las necesitan”.
Dentro de este proceso, la entidad también anunció que vigilará el paquete de medidas tributarias y económicas que se adopte en el marco del decreto de emergencia, advirtiendo que “cada recurso que se recaude deberá ser destinado única y exclusivamente para lo que se decretó esta emergencia”.
La Contraloría indicó que verificará el recaudo, la destinación y el uso de estos recursos para garantizar que se utilicen conforme a lo establecido.
Ayudas no han llegado a todos los damnificados
Durante el monitoreo adelantado en los territorios afectados, el organismo identificó problemas en la entrega de las ayudas humanitarias.
Según el informe, “la entrega de ayudas humanitarias aún no llega a la totalidad de los afectados y se reportan sectores que no han recibido los kits de alimentación”.
La Contraloría también encontró dificultades en la conformación del Registro Único de Damnificados, ya que algunos municipios no han reportado los listados de personas afectadas.
En el comunicado se advierte que “hay municipios que no han reportado el listado de damnificados y afectados para el registro correspondiente ante la UNGRD, lo que dificulta establecer la dimensión de la emergencia en el territorio y la entrega efectiva de las ayudas humanitarias”.
El organismo hizo un llamado a los entes territoriales para que agilicen y aseguren la calidad del registro, dado que de esa información depende la focalización de los recursos.
Problemas de coordinación entre municipios, departamentos y la UNGRD
Otro de los puntos señalados por la Contraloría es la falta de articulación entre los distintos niveles de gobierno para atender la emergencia.
El monitoreo concluyó que “el mayor desafío en la atención de la emergencia es la coordinación de las acciones entre los municipios, los departamentos y la UNGRD”.
La entidad insistió en la necesidad de articular las actuaciones y garantizar la comunicación entre los actores para lograr una atención oportuna y una ejecución eficaz de los recursos.
Como parte especial del seguimiento, la Contraloría solicitó información sobre el Plan de Acción Específico para la atención de la emergencia y ha participado en puestos de mando unificados y salas de crisis en los departamentos afectados.
EL organismo también ha realizado verificaciones en territorio junto a personerías, veedurías ciudadanas y comunidades afectadas para identificar falencias en la atención y promover correctivos.
Antecedentes de baja ejecución y procesos fiscales en emergencias
El comunicado recordó que la Contraloría ya había advertido a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en 2023 por la “muy baja ejecución de los recursos” apropiados para atender una emergencia anterior causada por el fenómeno de La Niña.
Desde entonces, el organismo ha mantenido un seguimiento a la gestión fiscal de la entidad, con 59 requerimientos formales realizados entre 2024 y 2025.
Además, informó que entre 2022 y la fecha se adelantan cinco procesos de responsabilidad fiscal por un valor estimado de $62.389 millones, relacionados con hechos ocurridos en Puerto Boyacá, Tolima y la región de La Mojana.
La Contraloría también señaló que entre 2011 y 2021 se adelantaron 14 actuaciones vinculadas a eventos de ola invernal en distintos municipios del país, que derivaron en fallos con responsabilidad fiscal por $6.223 millones.
Cifras de la emergencia a nivel nacional
De acuerdo con la información suministrada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 6 de febrero de 2026 se registran 293 eventos asociados a la temporada de lluvias.
La emergencia ha afectado a 24 departamentos y 188 municipios, con un total de 209.839 personas afectadas, correspondientes a 51.979 familias.
El balance nacional reporta 26 personas fallecidas, nueve heridas y tres desaparecidas.
Córdoba concentra la mayor devastación en viviendas
Aunque la emergencia tiene alcance nacional, la Contraloría advirtió una desproporción significativa en el departamento de Córdoba.
Según las cifras oficiales, de las 4.597 viviendas destruidas en todo el país, 4.298 se concentran en ese departamento.
A esta situación se suman 4.023 viviendas afectadas, cinco personas fallecidas, tres heridas y dos desaparecidas, además de la alerta roja en el embalse de Urrá.
El organismo señaló que este escenario de afectación focalizada motivó la activación del especial seguimiento para asegurar que los recursos destinados a la reconstrucción y la ayuda humanitaria se ejecuten de manera efectiva.
Finalmente, la Contraloría exhortó a los entes territoriales a mantener la actualización del Registro Único de Damnificados y pidió al Gobierno nacional disponer de manera expedita los recursos necesarios para atender la emergencia.
