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Una Auditoría de Cumplimiento que realizó la Contraloría General de la República al corredor vial Bogotá-Villavicencio, encontró que los continuos deslizamientos y cierres en puntos críticos no fueron incluidos en el nuevo Contrato de Asociación Público — Privada.
El ente de control advirtió que debido a que no se incluyen estos factores en el contrato, "se continuará sin dar solución definitiva, manteniéndose la comunidad afectada, lo mismo que los usuarios del corredor.
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Igualmente, se establecieron hallazgos fiscales por más de 2 mil millones de pesos, de los cuales 1.883 millones de pesos corresponden al pago de la comisión de éxito del proyecto Chirajara – Fundadores, sin cumplimiento de los requisitos fundamentales para su reconocimiento.
El documento también señala que en la estructuración de la nueva concesión se detectó que la atención de sitios críticos o inestables se limita a limpieza de obras hidráulicas, sellado de fisuras y grietas, reparación de adoquín y señalización horizontal y vertical, excluyendo del alcance del concesionario la implementación de soluciones definitivas sobre esta infraestructura especial.
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Para la Contraloría, la problemática actual del corredor vial Bogotá-Villavicencio “es producto de la insuficiente estructuración y ejecución del proyecto para dar soluciones de fondo a los temas recurrentes de los puntos críticos e inestabilidades en la vía, siendo de ello responsables tanto las entidades del Estado como el concesionario que ha tenido a su cargo el corredor.”
