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La Contraloría General de la República reportó hallazgos fiscales por $4.161 millones en la compra del predio 'La Grosería', ubicado en Chimichagua (Cesar), por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Según el organismo de control, la entidad adquirió el terreno pese a conocer que estaba ocupado y sin cumplir los criterios técnicos exigidos para estos procesos.
De acuerdo con el equipo auditor, el predio estaba habitado por familias que permanecían allí en condición de invasión. “El predio ‘La Grosería’ se encontraba ocupado por familias en condición de invasión, quienes habían levantado viviendas improvisadas dentro del inmueble”, señaló la Contraloría.
El organismo advirtió que esa situación era conocida antes de la compra. Según la auditoría, existía un acta que registraba la ocupación y que había sido suscrita por autoridades nacionales y locales, además de organizaciones campesinas. “Pese al conocimiento previo de esta situación, la ANT procedió con la compra del predio”, indicó.
En esa acta se estableció la instalación de una mesa de diálogo permanente para buscar salidas a la problemática de tierra en la zona, y se acordó suspender operativos de desalojo mientras se tramitaba la posible venta del terreno a la ANT.
La Contraloría concluyó que la entidad autorizó la compra “sin verificar la situación jurídica ni el estado real de ocupación del inmueble”. Según el informe, tampoco se constató previamente la disponibilidad material del terreno, como exige la normativa para su incorporación al Fondo de Tierras.
Además, el estudio técnico evidenció que la mayor parte del predio corresponde a suelos improductivos. “La mayor parte del predio corresponde a suelos de clases agrológicas VII y VIII, catalogados como improductivos e inadecuados para actividades agrícolas”.
Por estas razones, la Contraloría advierte que la adquisición no cumplió los requisitos técnicos definidos para la compra de tierras rurales con fines de acceso progresivo a la tierra.
El organismo sostuvo que la compra generó efectos en la eficiencia del programa público: “La adquisición del predio no se ajustó a los criterios técnicos exigidos para la incorporación al Fondo de Tierras”, lo que, según el ente, afectó el uso de recursos destinados a la Reforma Rural Integral.
