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La Contraloría General de la República prendió las alarmas al revelar un documento por la compra del predio Hacienda Simba, hecha por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el departamento de Sucre. Según el organismo de control, en este proceso se refleja hallazgos fiscales por $16.382 millones, que tienen que ver con el manejo de los recursos públicos y con fallas para adquirir el terreno.
De acuerdo con el informe, la ANT firmó en abril de 2024 una promesa de compraventa con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por un valor total de $27.304 millones. En ese momento, la entidad giró un anticipo del 60 %, es decir, más de $16.300 millones. El problema, según la Contraloría, es que ese dinero se entregó sin que el predio quedara escriturado ni registrado a nombre de la ANT.
Algo que ha llamado mucho la atención es que, 18 meses después de hacerse el pago, la Hacienda Simba todavía no figura legalmente como propiedad del Estado. Esto significa que la ANT no puede incluir el predio en su contabilidad ni tratarlo como un bien público.
¿Qué fue lo que se hizo mal en la compra del predio?
La Contraloría explicó que el proceso de compra no cumplió con todas las reglas que exige la ley, ya que se habrían saltado varias etapas como la revisión técnica y jurídica del documento, pasos que sirven para confirmar si el terreno es viable y no tiene problemas legales.
Al no cumplir con esos pasos, el proceso quedó a medias, lo que hoy impide que la compra se cierre como debería. Para la Contraloría, esto no es solo un problema legal, sino que también pone en riesgo los recursos públicos, pues no hay una garantía clara de que el terreno pase oficialmente a manos del Estado.
Además, mientras no se hagan los ajustes necesarios a la compra, el terreno no puede usarse formalmente en los programas de acceso a tierras que adelanta el Gobierno, lo que retrasa el cumplimiento de los objetivos.
¿Por qué la destinación del terreno también genera dudas?
Otro punto que llamó la atención de la Contraloría tiene que ver con el uso que se le dio al predio. Aunque la compra de la Hacienda Simba estaba pensada para beneficiar a comunidades campesinas, la ANT hizo una entrega de cerca del 60 % del terreno a comunidades indígenas.
Según el informe, este cambio se hizo sin un documento oficial que respaldara la decisión y sin realizar los ajustes presupuestales necesarios. Para la Contraloría, esta situación genera dudas sobre la planeación del proyecto y sobre la forma en que se toman las decisiones alrededor del Fondo de Tierras.
La falta de claridad sobre quién puede usar el predio y bajo qué condiciones afecta la administración del Fondo de Tierras para la Reforma Rural, ya que no es posible llevar un control claro sobre los bienes que hacen parte de este programa.
¿Qué puede pasar ahora con este caso?
Tras analizar los documentos, la Contraloría determinó que en este caso existen irregularidades administrativas y que podrían derivar en responsabilidades fiscales, disciplinarias e incluso penales. El informe contó con el aval del Comité de Evaluación Sectorial y se originó en una denuncia ciudadana.
