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La Contraloría General de la República encendió la primera alerta del ciclo electoral del 2026, tras detectar un comportamiento inusual en la contratación interadministrativa del Estado, durante la primera semana de noviembre.
Según el organismo, solo el 7 de noviembre —último día antes de que entrara en vigor la Ley de Garantías Electorales— se comprometieron $6,1 billones, lo que la entidad describió como “una concentración atípica en una sola fecha”.
Entre el 1 y el 7 de noviembre, el valor total de convenios y contratos llegó a $9 billones, una cifra que supera los niveles mensuales registrados este año.
La Contraloría señaló que el pico del 7 de noviembre equivale al 68% de toda la contratación de la semana. “Solo ese día se suscribieron recursos que representan 2,9 veces el promedio mensual observado entre enero y agosto”, indicó ese organismo.
La Contraloría atribuyó este comportamiento a posibles aceleraciones contractuales previas al inicio de las restricciones electorales. Según el análisis del Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo presentado el 10 de noviembre por ese organismo, el incremento observado ese día representa un alza del 190% frente al comportamiento histórico.
El Departamento de Prosperidad Social fue la entidad con mayor volumen de contratación, al registrar $770.000 millones, equivalentes al 8,5% del total comprometido. La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) revisa ahora el detalle por departamentos para establecer cómo se distribuyeron los recursos.
La DIARI, junto con la Delegada de Gestión Pública, adelanta un seguimiento sobre los contratos firmados en septiembre, octubre y los primeros días de noviembre, para identificar operaciones sensibles.
“Buscamos anticipar riesgos y emitir alertas tempranas que impidan que los recursos públicos se destinen a fines distintos al interés general en época preelectoral”, señaló la Contraloría.
El organismo también indicó que revisará las modalidades de contratación, los objetos contractuales y variaciones de valor para determinar si hubo cambios abruptos asociados al cierre previo a la Ley de Garantías.
