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La Contraloría General de la República informó que, a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), revisó la contratación directa realizada entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026, tras la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que restringe este tipo de contratación hasta el final del proceso electoral.
En total se analizaron 25.685 contratos por un valor de $2,8 billones. Tras depurar las excepciones previstas en la ley aplicables a sectores como salud, defensa y seguridad, así como a contratos relacionados con emergencias, desastres, urgencia manifiesta o crédito, el ente de control alertó sobre 6.292 contratos directos por más de $2 billones en sectores que no tendrían excepción.
Según el informe, los sectores sociales, comercio y desarrollo, inclusión social, justicia y servicios públicos son los que más contratos reportan una vez iniciada la restricción.
Contratos asociados a eventos y logística
Dentro del mismo periodo, la Contraloría identificó 368 contratos directos asociados a eventos, publicidad, conciertos, refrigerios, tarimas o logística por un valor de $31.959 millones.
Adicionalmente, en el seguimiento al uso de recursos públicos con posibles fines proselitistas, se reportaron 17.841 contratos directos por más de $1,68 billones entre el 1 de octubre del año pasado y el 30 de enero de 2026. Posteriormente, ya en vigencia la Ley de Garantías, se detectaron los 368 contratos antes mencionados.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, aseguró que “la vigilancia a la Ley de Garantías ha evolucionado hacia un modelo más preventivo, basado en datos, trazabilidad contractual y alertas tempranas, que permitan anticipar irregularidades antes de que se materialicen”.
Durante el foro ‘Garantías Electorales, un diálogo con las regiones’, señaló que el reto del organismo es garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos en condiciones de equidad, seguridad y confianza.
En ese contexto, explicó que la entidad implementó el Modelo Analítico Electoral de Seguimiento Preventivo, mediante el cual se analiza información y se ejerce vigilancia sobre los recursos destinados a las elecciones.
“El órgano de control no actúa como actor político, sino como garante técnico de la correcta destinación del gasto. Su función es verificar que los recursos públicos no sean desviados hacia finalidades distintas a las previstas en la ley”, afirmó.
Finalmente, advirtió que el país enfrenta desafíos como la polarización, la desinformación, el orden público y la violencia política, y sostuvo que estos escenarios exigen fortalecer las garantías electorales y promover prácticas responsables en el manejo de los recursos públicos.
¿Qué es la ley de garantías y qué prohíbe?
En diálogo con este medio, Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, ley de garantías fue creada para impedir que el Gobierno nacional y los mandatarios locales incidan en procesos electorales a través de la contratación pública.
“La ley de garantías se estableció para que el gobierno y los gobernantes locales no puedan incidir en las campañas políticas a través de contratar amigos o de hacer contrataciones de forma directa que puedan interferir en las elecciones”, sostuvo.
Añadió que esta restricción busca evitar que los contratos se utilicen para obtener favores políticos.
Sin embargo, afirmó que no puede impedirse la atención inmediata en una emergencia. “Lo que no puede uno hoy prohibir es que en un momento de emergencia como el que estamos viviendo tengamos que esperar y no darle solución inmediata a los ciudadanos”.
