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La Contraloría General de la República identificó 14 hallazgos fiscales por más de $14.290 millones en los Planes Departamentales de Agua (PDA) de Antioquia, Santander, Guainía, Guaviare, Bolívar y Sucre, tras auditorías de cumplimiento realizadas en el primer semestre de 2025.
“Persisten problemas estructurales en la planeación, contratación y ejecución de estos proyectos en todo el país”, señaló el organismo de control, que desde 2020 ha configurado hallazgos fiscales superiores a los $259.460 millones en los PDA.
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Los resultados muestran que aunque la cobertura de acueducto urbano supera el 92%, en las zonas rurales apenas llega al 43,38%.
“Más de 10 millones de colombianos no cuentan con un servicio formal, confiable y seguro”, indicó la Contraloría. En alcantarillado, la situación es más crítica, ya que en el sector rural no alcanza ni el 16%, con una brecha urbano-rural cercana a 70 puntos porcentuales.
Casos críticos por departamentos
Llos hallazgos fiscales en Antioquia superan los $8.700 millones. En Nechí, se configuró uno por $4.987 millones debido a obras que no garantizan el servicio de agua potable y saneamiento. En Anzá, se verificaron pagos por $3.644 millones sin asegurar el cumplimiento del contrato.
En Santander los hallazgos suman más de $2.200 millones. En Curití se encontraron pagos por $1.314 millones, en estructuras de una planta de tratamiento en deterioro. En Florián $739 millones corresponden a equipos no instalados, y en Barichara se reportaron $175 millones en pagos sin soporte técnico.
Otros hallazgos relevantes se registraron en Bolívar ($1.433 millones), Guainía ($1.455 millones), Sucre ($364 millones) y Guaviare ($95 millones), asociados a sistemas de alcantarillado inoperantes, contratos inconclusos y pagos sin respaldo.
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Deficiencias de planeación y gestión
La Contraloría destacó que el 12,5% de los municipios no están vinculados a los PDA por limitaciones técnicas y de gestión, y que existen fuertes desigualdades en la distribución de proyectos. “De los 5.281 proyectos reportados, 389 están suspendidos, 29 en litigio y 8 incumplidos”, detalló el organismo.
La Contraloría insistió en que el modelo PDA no ha logrado cumplir con su propósito. “Se requieren mecanismos de planeación, control y seguimiento que permitan cerrar de forma real las brechas de acceso al agua potable y saneamiento básico en Colombia”, enfatizó ese organismo.
