Contralor alertó sobre millonarias cuentas por legalizar en la Nueva EPS

El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez manifestó que la situación financiera de la Nueva EPS se ha convertido en un asunto de preocupación debido a los diferentes anticipos pendientes por ser legalizados, los cuales alcanzan un valor de $15,3 billones.  

Durante su rendición de cuentas realizada en la ciudad de Cali mencionó que la entidad ha impulsado una serie de investigaciones con el objetivo de conocer el estado administrativo y financiero de la entidad, considerando que existen varias irregularidades relacionadas con los estados financieros y certificados de los años 2023 y 2024.  

"Quiero aprovechar esta oportunidad para reiterar que la Nueva EPS tiene anticipos pendientes de legalizar por valor de 15,3 billones de pesos, con corte al 30 de junio del 2025", detalló el titular de la Controlaría.  

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Rodríguez enfatizó en que Colombia cuenta con una normatividad en la cual se distingue el pago anticipado, el cual es considerado como un activo transitorio, y una cuenta por pagar, que corresponde un pasivo.  

"En tanto, no hay soporte de la obligación, el pago sigue siendo un anticipo, no un gasto devengado ni una obligación extinguida. Por esta circunstancia y como es de conocimiento público, y les manifestaba, ordenamos esa visita a la Nueva EPS", resaltó el Contralor.  

De igual forma en las investigaciones, se evidenció que la Nueva EPS giró anticipos a las instituciones prestadoras de servicios en salud durante las vigencias 2022 a 2025.  

"Por otra parte, la falta de auditoría a 13,7 millones de facturas, que equivalen a $13,2 billones, permite inferir la presunta materialización del riesgo de pérdida de recursos del Estado, derivados entre otras, de las glosas u objeciones a dichas facturas que pudieron quedar en firme, cuyo valor debería ser asumido por la Nueva EPS", mencionó la Contraloría en un comunicado. 

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 Ante ello, desde la entidad se destacó que van a continuar con las acciones de vigilancia y control fiscal con el propósito de llevar a cabo las actuaciones correspondientes para determinar el daño y los presuntos responsables fiscales de haber incidido en la situación afrontada por la EPS.