Contraloría General de la República

Según dijo la compañía, “EPM no es parte en tales procesos y no ha recibido notificación, ni se le han embargado sus cuentas”.

Las medidas cautelares hacen parte del proceso de responsabilidad fiscal por el supuesto detrimento patrimonial.

Entre el 2012 y el 2019 se detectaron posibles detrimentos patrimoniales por $35.941 millones de pesos que son materia de investigación.

Estos vacunados "no tienen más de 60 años, tampoco son profesionales, docentes o estudiantes de salud".

En la sentencia de nulidad proferida por el Tribunal de Cundinamarca, se argumenta que "la Contraloría dejó vencer los términos".

El organismo de control señaló que, de darse actuaciones futuras, éstas se adelantarían en el curso de las próximas semanas.

Contraloría solicitó el informe sobre los resultados de las investigaciones de los 59 casos relacionados con presuntos 'colados'.

Otros 11 funcionarios del departamento también fueron declarados responsables fiscales.

Aseguró que el exalcalde de Bogotá podrá seguir ejerciendo funciones públicas y aspirar a cargos como Presidencia de la República. 

Este programa debía iniciar máximo dos semanas después de arrancar el calendario académico.

Adicionalmente la Contraloría señaló que la ejecución del presupuesto del INPEC, como consecuencia de esta situación fue relativamente baja.

Generó un daño patrimonial al Estado por la pérdida de los recursos públicos entregados a Riopaila.

Esa entidad adelanta una investigación preliminar por un posible detrimento patrimonial.

Esa entidad también pidió otros detalles sobre el plan de vacunación al Ministerio de Salud.

Por caso Hidroituango fueron imputados los exgobernadores Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos y el exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria.

La Contraloría General imputó cargos contra 28 personas naturales y jurídicas por la emergencia en la hidroeléctrica.

El jefe del organismo de control visitó varias obras inconclusas y dijo que los responsables enfrentarán cargos fiscales y penales.

Esa entidad iniciará un seguimiento a las acciones dispuestas por el Gobierno en San Andrés, Bolívar, Chocó y Antioquia.

Todo indica que se siguen priorizando acciones basadas en rellenos sanitarios del siglo pasado.

La Contraloría advierte que son altos los riesgos de corrupción en estos contratos.