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Algunos congresistas ponentes de la Ley de Financiamiento aseguraron que no se gravarán los servicios financieros a los clientes bancarios, por lo que se corregirá el texto de la Ley de Financiamiento.
El senador del partido conservador, David Barguil, explicó que el acuerdo inicial entre el Gobierno y el Congreso era gravar exclusivamente las comisiones en las casas de cambio, sin embargo, aclaró que la redacción del articulado da un espacio para interpretar que este cobro podría extenderse a otros servicios financieros.
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“Lo que tenemos que decir, con total claridad, es que hay un compromiso de los ponentes para que esa redacción quede clara y no haya manto de duda e interpretación de que también se pueda aplicar IVA a las transacciones financieras, sólo queda limitado a las comisiones en las casas de cambio”, señaló Barguil.
Igualmente, explicó que se aplicará el Impuesto del Valor Agregado (IVA) exclusivamente a las comisiones que se cobran a la personas cuando hacen un cambio de moneda extranjera y no sobre el monto que se va a cambiar.
Sin embargo, el presidente de la comisión tercera de la Cámara de Representantes, Óscar Dario Pérez, señaló que este es un artículo que aún se encuentra en discusión y que solo se sabrá si la iniciativa va o no va hasta el jueves.
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Por otra parte, en la reunión de este martes se propusieron otras modificaciones para que se tengan en cuenta en la nueva ponencia de la Ley de Financiamiento, entre estas se encuentra la posibilidad de ampliar el articulado que establece un impuesto al consumo del 2% para las viviendas que superen los 918 millones de pesos.
“Hay una propuesta de llevar ese impuesto al 3%, extendiéndolo a las fincas de recreo y las casa quintas, sigue siendo un tema en discusión, ya que no hay un consenso aún”, señaló el representante Óscar Dario Perez.
En cuanto a la vivienda de interés prioritario y social, el congresista señaló que se mantiene abierta la discusión ya que el gobierno insiste en eliminar el beneficio tributario del que gozan actualmente.
Otra de los cambios que se está estudiando es que el impuesto al patrimonio que se propuso, se mantenga durante los próximos dos años y que la tarifa no sea del 1.5%, como inicialmente se había planteado, sino que se reduzca al 1%.
