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La Contraloría General de la República dio a conocer los resultados de la auditoría adelantada a la ejecución de los recursos relacionados con el esquema financieros de los denominados “Bonos Agua”.
Para esa entidad, la ejecución de los recursos no resulta conforme en todos los aspectos significativos, frente a los criterios relacionados con la materia auditada, por lo que emitió un concepto de incumplimiento material.
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La razón es que en el 35% de los municipios auditados, a pesar de que se terminaron las obras, muchas de ellas no están en funcionamiento, mientras que en 27 de los 117 municipios se presentan obras inconclusas, como es el caso de Caldas, Ebéjico, Florencia y Soacha, entre otros.
Además, 26 de los 117 municipios presentan calidad de agua inviable sanitariamente y 86 municipios tienen una cobertura del sistema de acueducto menor al 50%.
A esto se suma el hecho de que las condiciones de los préstamos adquiridos por los municipios vinculados a dicho esquema de financiamiento, no fueron las más favorables por las tasas de interés pactadas y la restricción del prepago de las deudas.
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Esta situación ocasionó que los entes territoriales buscarán mejorar las condiciones financieras, a través de la estructuración de los créditos.
Según la información suministrada por la Contraloría, 97 municipios refinanciaron la deuda con la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y de estos, 8 municipios refinanciaron por segunda vez dichos créditos con entidades financieras de la banca comercial.
“Los montos objeto de refinanciación ascendieron a 598 mil millones de pesos, representando un incremento del 66,1% frente al valor inicial de los créditos”, advirtió la Contraloría.
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En el informe también se indica que varios municipios han pagado solo en intereses un monto superior al crédito inicial, como por ejemplo la ciudad de Florencia, donde el crédito inicial fue de 10 mil millones de pesos y solo en intereses se han pagado 12 mil millones de pesos, sin ningún aporte al capital.
Finalmente, el organismo de control señala que en varios municipios no se contaba con proyectos precisos en el momento del desembolso de los recursos, además de una serie de debilidades en la supervisión e intervención de forma generalizada de dichos recursos.
