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Los bloqueos que afectan operaciones de en el departamento del Meta completan 52 días y ya generan impactos en la producción de hidrocarburos, así como en la actividad económica regional y nacional.
De acuerdo con la compañía, las restricciones se concentran en los municipios de Acacías, Guamal y Castilla La Nueva, donde se ha impedido el tránsito de personal y maquinaria en al menos nueve locaciones industriales.
Bloqueos completan 52 días y restringen operaciones en tres municipios del Meta
La situación tiene origen en conflictos laborales entre trabajadores de servicios de workover y sus empleadores, con acompañamiento de la USO Subdirectiva Meta.
La empresa manifestó su rechazo frente a estas acciones y advirtió que “los bloqueos a sus operaciones de subsuelo (…) comprometen el desarrollo social y económico de la región y del país”. Asimismo, señaló que las interrupciones han dificultado el desarrollo normal de las actividades operativas y de mantenimiento.
Entre los riesgos identificados, Ecopetrol indicó que la imposibilidad de realizar inspecciones programadas “impide anticipar posibles incidentes y podría derivar en afectaciones ambientales”, especialmente en las facilidades de transferencia de fluidos y líneas de flujo.
En materia laboral, la compañía sostuvo que cerca de 1.000 personas, entre empleados directos y contratistas, han visto afectado su derecho al trabajo. A esto se suma la suspensión de actividades valoradas en más de 44.500 millones de pesos, lo que impacta a empresas proveedoras de bienes y servicios del sector.
Suspensión de actividades impacta a proveedores y economía regional
La afectación también se refleja en la producción. Según la información entregada, se han dejado de producir más de 800 mil barriles de petróleo en los campos Chichimene, Acacías y Castilla, con consecuencias en el recaudo por regalías e impuestos.
En medio de la coyuntura, Ecopetrol aseguró que ha participado en espacios de diálogo promovidos por autoridades regionales y nacionales, donde se han reiterado disposiciones legales relacionadas con la jornada laboral, turnos y descansos, puntos centrales de la discusión.
No obstante, la empresa precisó que “no tiene competencia para intervenir en conflictos entre firmas contratistas y sus trabajadores”, ni ejerce funciones judiciales o de control, por lo que indicó que las reclamaciones deben tramitarse ante las instancias correspondientes.
Finalmente, la compañía reiteró su posición frente a las protestas y afirmó que “rechaza categóricamente los bloqueos” y hace “un llamado urgente al diálogo constructivo que permita restablecer la normalidad en la región”. También subrayó que la protesta pacífica debe ejercerse sin afectar el derecho al trabajo ni los intereses económicos del país.
