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El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, envió una carta al presidente de la Corte Constitucional solicitando mayor claridad sobre la entrada en vigor de la reforma pensional, mientras el alto tribunal estudia las demandas presentadas contra esta ley.
La Corte decidió suspender la aplicación de la norma hasta que se resuelva de forma definitiva su constitucionalidad. Como resultado, las disposiciones que debían empezar a regir el 1 de julio quedaron temporalmente en pausa.
Por ahora, se sabe que la suspensión se mantendrá hasta que la Sala Plena emita su decisión. En el último debate realizado en la Cámara de Representantes para subsanar errores de trámite, no se modificaron las fechas establecidas originalmente en el articulado.
Sin embargo, persisten dudas sobre cuánto puede tardar el pronunciamiento del alto tribunal y cuál será el mecanismo formal para comunicarlo: si mediante una sentencia o a través de un comunicado oficial.
Una de las principales preocupaciones de Villar es la falta de precisión entre la fecha de entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024 nombre oficial de la reforma y la implementación efectiva del nuevo sistema pensional. El Congreso había previsto inicialmente un margen de 12 meses entre ambas etapas, lo que no se cumpliría si las fechas coinciden.
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El gerente del emisor advirtió que una implementación simultánea podría generar complicaciones, especialmente en relación con los decretos reglamentarios que el Gobierno ya ha venido expidiendo. En ese contexto, planteó una inquietud clave: “¿La Corte otorgaría efectos retroactivos a su decisión para validar esos decretos o sería necesario emitir una nueva reglamentación?”.
Ante ese escenario, Villar propuso que la Corte considere postergar la entrada en vigencia del nuevo sistema pensional al menos tres meses después de publicada la sentencia que defina la constitucionalidad de la norma.
Uno de los puntos más sensibles para el banco central es el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), que será administrado por la entidad como una cuenta especial. La operatividad del fondo depende no solo de que la ley entre en vigencia, sino también de la expedición de la reglamentación correspondiente y de la firma de un contrato con la Nación, que habilite la transferencia de recursos.
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Sobre este punto, Villar recordó que el régimen de transición para el FAPC estaba previsto para iniciar el 1 de julio de 2025. “Si los decretos siguen vigentes, ¿debería el Gobierno ajustar los plazos de estos regímenes transitorios?”, cuestionó en su comunicación.
Recientemente, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, se pronunció tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender temporalmente la entrada en vigencia del nuevo sistema pensional aprobado por el Congreso de la República.
El funcionario señaló que el trámite legislativo cumplió con los requerimientos establecidos y recalcó que ahora la corte debe definir cuándo entrará en vigencia la ley.
Frente al fallo en revisión, señaló que “es la decisión de la Corte, indiscutiblemente. Yo creo que todos los fallos que produce la Corte Constitucional tienen que haberlo estudiado con profundidad, ese es el papel de la Corte”.
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También enfatizó que la Corte “tiene la obligación que le enseñó la Constitución Política del país de señalar que la ley y su contenido está bien tramitada... la ley fue bien tramitada en el Senado de la República, bien tramitada en la Cámara de Representantes, había un error de procedimiento que lo consideró la Corte Constitucional, ese error de procedimiento se corrigió”.
El presidente de Colpensiones reiteró que la entidad está lista para recibir a los nuevos afiliados, incluso sin que haya entrado aún en vigencia la ley 2381.
“Lo que nosotros le estamos diciendo es: vénganse, aquí los estamos esperando. Todos los 17 millones y medio de colombianos, con o sin vigencia de la ley, pueden pasarse ya a Colpensiones porque se permite y eso sería muy importante”, manifestó.
