Asocapitales advierte por posibles impactos de la emergencia económica, frente a autonomía fiscal de las ciudades capitales

Aseguran que las ciudades no cuentan con margen fiscal para asumir nuevas cargas.
Andrés Santamaría, director de Asocapitales
Andrés Santamaría, director de Asocapitales Crédito: Asocapitales

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) se pronunció frente a la declaratoria de emergencia económica anunciada por el Gobierno nacional y expuso preocupaciones relacionadas con sus eventuales efectos jurídicos y fiscales sobre los municipios y distritos capitales del país.

El pronunciamiento se centró en la defensa de la autonomía territorial y la sostenibilidad financiera de las entidades locales, en un contexto marcado por el debate sobre el alcance de las medidas excepcionales que podrían adoptarse bajo esta figura constitucional.

Según la asociación, el análisis de la emergencia debe partir de los criterios establecidos en la Constitución Política, que delimitan de manera precisa las circunstancias en las que el Ejecutivo puede recurrir a este mecanismo.

Asocapitales recordó que la emergencia económica está prevista únicamente para enfrentar hechos sobrevinientes, extraordinarios e imprevisibles, y señaló que su uso debe ajustarse estrictamente a esos parámetros constitucionales.

Límites constitucionales de la emergencia económica

Asocapitales hizo énfasis en que los desequilibrios fiscales de carácter estructural no cumplen, por sí mismos, con las condiciones exigidas para la declaratoria de una emergencia económica.

La Asociación indicó que situaciones derivadas de decisiones de política pública no pueden ser tratadas como eventos excepcionales que justifiquen el uso de facultades extraordinarias, especialmente cuando estas puedan tener efectos sobre el ordenamiento fiscal territorial.

Asimismo, señaló que las medidas que se expidan en el marco de la emergencia no pueden exceder los límites establecidos por la Constitución.

Entre esos límites se encuentra la protección de la autonomía fiscal de municipios y distritos, así como el respeto por los principios de legalidad tributaria y reserva de ley, que rigen el sistema impositivo en el país.

Protección de los tributos y recursos locales

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue la referencia a los ingresos propios de las entidades territoriales. Asocapitales advirtió que ninguna disposición adoptada durante la emergencia puede afectar, modificar o intervenir los tributos locales, al considerar que estos recursos son esenciales para el funcionamiento de los gobiernos locales.

La asociación señaló que los municipios y distritos capitales dependen de sus fuentes propias de financiación para garantizar la prestación de servicios esenciales, así como para atender responsabilidades en materia de seguridad ciudadana, inversión social y estabilidad financiera. Cualquier alteración de estos ingresos, indicó, podría comprometer la capacidad operativa y presupuestal de las administraciones locales.

En ese sentido, la asociación afirmó que las ciudades capitales no cuentan con margen fiscal para asumir nuevas cargas derivadas de decisiones adoptadas desde el nivel central. El pronunciamiento subrayó que trasladar presiones fiscales a las entidades territoriales podría afectar el equilibrio de sus finanzas y el cumplimiento de sus funciones.

Enfoque frente al déficit fiscal

Frente al escenario de déficit fiscal que enfrenta el país, Asocapitales planteó una alternativa distinta al uso de medidas excepcionales. La Asociación señaló que la respuesta institucional debería orientarse hacia la racionalización del gasto público, con especial atención al gasto burocrático, en lugar de recurrir a mecanismos que puedan impactar la autonomía financiera de las ciudades.

La entidad informó que realizará un seguimiento permanente a las disposiciones que se expidan en desarrollo de la emergencia económica.

Asocapitales reiteró que cualquier decisión adoptada debe ajustarse al marco constitucional vigente, respetar la autonomía territorial y preservar la sostenibilidad fiscal de las ciudades capitales del país.


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