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La llamada reforma pensional en Colombia, que buscaba transformar el sistema de pensiones para hacerlo más inclusivo y sostenible, sigue envuelta en incertidumbre jurídica y política. Esta situación, además de definir el futuro de millones de colombianos, tiene efectos concretos sobre los habitantes de Bogotá en varios ámbitos de su vida económica y social.
Estado actual y limbo jurídico
La reforma pensional (tramitada como la Ley 2381 de 2024) fue aprobada por el Congreso y pretendía entrar en vigencia oficialmente el 1 de julio de 2025, con un nuevo sistema estructurado en cuatro pilares:
Solidario, para personas en pobreza extrema (Sisbén) sin pensión; semicontributivo, para quienes cotizaron entre 300 y 1000 semanas y no alcanzaron pensión; contributivo, que se divide en componente de Prima Media y componente de Ahorro Individual, y de ahorro voluntario, para quienes deseen ahorrar adicionalmente para mejorar su pensión o acceder a otros beneficios.
Sin embargo, en junio de 2025 la Corte Constitucional ordenó que la Cámara de Representantes repitiera la votación debido a un vicio de procedimiento, lo que impide que la ley entre en vigor hasta que este trámite se complete y sea avalado por el tribunal.
Esto simboliza que los bogotanos, de momento, no conocerán si este modelo concebido originalmente permanezca o si se generen modificaciones relevantes que afecten sus pensiones. Tampoco se tiene claro si la reforma se caerá parcial o totalmente.
Obligación de cotizar en Colpensiones
En caso de que la reforma se implemente plenamente, todas las personas con ingresos hasta 2,3 salarios mínimos deberán cotizar en el fondo público Colpensiones. Aquellos con ingresos mayores podrán destinar el excedente a fondos privados.
Para muchos trabajadores formales en la capital, esto puede significar un cambio en cómo y dónde se administran sus cotizaciones, lo que tiene implicaciones sobre la expectativa de pensión futura y la forma de ahorrar para la vejez.
Algunos cotizantes que venían en fondos privados podrían verse obligados a reorganizar sus aportes, lo que genera dudas sobre la rentabilidad y los beneficios.
Ahorro y mercados financieros locales
Expertos han señalado que el traslado de recursos de los fondos privados hacia el sistema público podría reducir el volumen de recursos disponibles para inversión en el mercado financiero.
En el caso de Bogotá, donde el acceso al crédito, las tasas de interés de productos financieros y las inversiones empresariales están ligadas al dinamismo del mercado de capitales, la menor presencia de recursos de pensiones en inversiones de largo plazo podría moderar la disponibilidad de crédito para proyectos o hipotecas.
Esto afectaría de manera directa tanto a trabajadores que dependen de dichos mercados para inversiones propias como a emprendedores y pequeñas empresas que dependen del acceso al financiamiento.
Uno de los pilares clave a tener en cuenta de la reforma es el Pilar Solidario, que busca ofrecer una renta básica a personas que no cotizaron lo suficiente o están en situación de vulnerabilidad.
Los adultos mayores pobres y quienes nunca alcanzaron a cotizar pueden recibir un soporte económico que mejore su calidad de vida. Esta transferencia representa un alivio directo para hogares con adultos mayores sin pensión formal.
Independientes y trabajadores informales
En Bogotá, la economía informal y el trabajo independiente tienen un peso significativo, especialmente en sectores como comercio, servicios y transporte. En estos ámbitos se concentra entre el 34 % y el 37 % de la población ocupada. Según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, alrededor de 1,5 millones de personas obtienen sus ingresos bajo estas modalidades laborales.
La reforma pensional contemplaba la posibilidad de que estos trabajadores se integraran de manera más flexible al sistema, mediante opciones de ahorro voluntario y mecanismos de transición distintos a los del esquema tradicional. El objetivo era ampliar la cobertura y facilitar la vinculación de quienes no cuentan con una relación laboral formal.
Sin embargo, ante la ausencia de una implementación clara para 2026, muchos trabajadores independientes enfrentan incertidumbre sobre cómo cotizar, bajo qué reglas hacerlo y cuáles serían los beneficios asociados. Esta falta de claridad podría desincentivar tanto la formalización laboral como la planificación del retiro a mediano y largo plazo.
Tal como fue concebida, la reforma pensional buscaba ofrecer mayores niveles de cobertura, un ahorro más estructurado y una reorganización de los aportes para los trabajadores activos, con especial énfasis en los sectores más vulnerables. No obstante, el limbo jurídico y las dudas sobre su entrada en vigencia implican que los bogotanos, al igual que el resto de los colombianos, deban tomar decisiones económicas sin un marco normativo definido.
Esta situación tiene efectos directos sobre la planificación financiera personal, el acceso efectivo al sistema pensional y el papel que podrían desempeñar los mercados financieros en el futuro de la ciudad.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM
