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En una auditoría la Contraloría General de la República denunció que el vertimiento de aguas residuales está afectando al ecosistema de San Andrés y Providencia, donde se encuentra la reserva ecológica Seaflower.
Según denunció el organismo de control, "las aguas residuales son vertidas al mar a pocos metros de la línea de costa (500 mts) sin ningún tipo de tratamiento, y el agua cristalina que caracteriza a San Andrés es reemplazada por aguas oscuras con olores desagradables, contaminando el que ha sido llamado “mar de 7 colores”".
En la auditoría, la Contraloría señaló que el prestador de servicio de alcantarillado en la ciudad "incumple reiteradamente los objetivos y proyecciones de calidad para el vertimiento de estos residuos".
Indicó además que los caudales de descarga son más altos que los permitidos por la autoridad ambiental, "sin que a la fecha se hayan tomado medidas efectivas para prevenir y corregir la contaminación y afectación en la zona".
Alertó además porque el único relleno sanitario que existe en la isla (el “Magic Garden”), está llegando a su máxima capacidad.
"Y por lo tanto hay riesgo de una emergencia sanitaria al no disponer de otro sitio adecuado para la disposición segura de los desechos, situación que resulta de una política inadecuada para el manejo de residuos sólidos", advirtió el organismo de control.
E incluso denunció que la planta para el tratamiento de residuos sólidos, construida con inversiones por cerca de $24.380 millones de pesos, se encuentra inactiva.
"Con esta planta se buscaba ir sustituyendo parcialmente el consumo de diésel como fuente de energía, por generación a partir de los desechos. Pese a que la planta es totalmente operativa y su construcción se realizó hace más de 6 años, no presta ningún servicio a los pobladores, aumentando la problemática de disposición de residuos en la isla", señaló la Contraloría.
Otras irregularidades
Por último, el organismo evidenció que se han contratado obras en San Andrés que no han cumplido el fin para el que fueron generadas, "como el muelle proyectado para el cargue y descargue de pasajeros en el Parque Regional Johnny Cay, con inversiones por más de $1.500 millones de pesos desde el año 2011, el cual hoy no se encuentra en funcionamiento" .
En este frente los hallazgos fiscales superaron los $363 millones de pesos, debido a una presunta gestión antieconómica en la contratación de la actualización de los planes de manejo de los parques regionales.
Incluso, la Contraloría recordó que a partir del fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 19 de noviembre de 2012, el Gobierno aportó recursos por $324.633 millones para el archipiélago, con el fin de fortalecer su capacidad para generar alternativas de desarrollo.
"Sin embargo, a la luz del resultado de la auditoría de cumplimiento, tales acciones no son suficientes para garantizar la sostenibilidad de esta importante región del país", puntualizó el órgano de control.
