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"Con el nuevo decreto expedido tendremos más capacidad de sanción, el tope para las sanciones en acueducto y alcantarillado pasó de 1500 millones a 70 mil millones" dijo.
Según el funcionario, a la hora de poner multas se tendrán en cuenta criterios como la gravedad de la infracción y número de usuarios.
De acuerdo con el superintendente, lo que se busca es garantizar la prestación de servicios como alcantarillado y acueducto en todo el país.
"Queremos desde la Superservicios asegurar la sostenibilidad de las fuentes hídricas y al mismo tiempo promover el acceso a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en todo el país" señaló.
Igualmente, Mendoza reveló que "estamos trabajando con los prestadores para que sepan que pueden y que no pueden hacer".
"Si hay un prestador que pone en riesgo la prestación del sistema toca imponerle la máxima sanción. En los casos de que una infracción regulatoria pone en riesgo la prestación toca actuar con severidad" puntualizó Mendoza.
