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El Juzgado 18 penal del circuito de conocimiento de Bogotá admitió para su estudio la acción de tutela que fue instaurada por la Red de Veedurías Ciudadanas y que pretende que sea anulado el partido que se disputó este miércoles 23 de junio entre los seleccionados de Colombia y Brasil, en el marco de la Copa América.
La acción judicial fue instaurada por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, alegando que el encuentro disputado en el torneo clasificatorio de la primera fase se presentó un resultado adverso para la selección Colombia por cuenta de una arbitraria e injusta decisión arbitral.
“AVOCAR la acción de tutela, promovida por el ciudadano PABLO BUSTOS SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 19’443.082, coordinador internacional de la RED VEEDORES SIN FRONTERAS, contra la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL -FCF- y la CONFEDERACIÓN SURAMERICANA DE FÚTBOL -CONMEBOL-“, señaló el juez que analiza la tutela.
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La tutela se originó de la polémica generada porque en los minutos finales el árbitro habría cometido un error al no parar el juego 'con bola al piso’, después de que el balón tocó la humanidad del central y desvió el balón en favor de los atacantes del seleccionado brasileño para que anotaran el gol del empate.
“La Red de Veedurías solicitó se ordene y en su defecto se exhorte a la accionada, Federación Colombiana de Fútbol, a que de manera inmediata y urgente, solicite a la Conmebol, la inmediata anulación del partido Colombia-Brasil, de la Copa América por parte de la Conmebol, que actualmente se juega en Brasil”, indica la tutela.
La acción de tutela argumenta que en este caso supuestamente se vulneraron derechos fundamentales como el debido proceso, derecho a la igualdad, a la cultura y el deporte y a la confianza legitima.
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Dentro de las solicitudes de fondo de esta tutela también se pretende que se ordene a la Confederación Suramericana de Fútbol y a la Federación Colombiana de Fútbol que emprendan el proceso disciplinario sancionatorio a que haya lugar con el equipo arbitral y del VAR que adoptó la polémica decisión durante el partido.
El juez también dio un plazo de dos días para que a través de la Cancillería se notifique y se haga el respectivo traslado a las partes demandas en el exterior y a la entidades nacionales y se pronuncien sobre los hechos y pretensiones del accionante.
