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En el marco de la celebración del día de la diversidad sexual y de identidad, se conoció que de aproximadamente 7,5 millones de víctimas registradas oficialmente en el marco del conflicto, alrededor de 1.422 son miembros de la población LGBTQ+.
La Defensoría del Pueblo halló que los grupos guerrilleros y las bandas criminales protagonizan distintas conductas contra la población según el tipo de control sobre las víctimas y su condición.
Por ejemplo, la mayoría de amenazas están fundamentalmente vinculadas a las iniciativas de asociación de la población LGBTQ+ para defender sus derechos como colectivo social.
También, se destacan los homicidios, el desplazamiento forzado, la imposición de estereotipos e incluso consejos de guerra.
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Durante 2023, la Defensoría activó diferentes trámites de emergencia, requiriendo a Policía, Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a los entes territoriales para salvaguardar la vida y seguridad de 59 lideres o defensores de la población LGBTIQ+.
De ellos, se reportaron 22 casos en contra de hombres gay, cuatro hombres bisexuales y en un alto número, el 54% de los hechos, fueron en contra de mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero.
Cifras reveladas hasta el mes de mayo de 2024 destacan más de 40 casos de riesgo, principalmente contra hombres gais con un 35%, mujeres transgénero con un 25%, lesbianas con 17% y otras identidades y orientaciones el 23%.
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"Los riesgos identificados van desde el temor por reconocer y visibilizar su orientación sexual, identidad y expresión de género, llevando en algunos casos al ocultamiento como mecanismo de autoprotección. Es una constante que las matrices de evaluación de riesgo y resoluciones emitidas por la Unidad Nacional de Protección no reflejan los nombres identitarios de mujeres transgénero e incluso en el proceso de interlocución con estas lideresas, se hace uso del nombre jurídico", explicó María Fernanda Rangel, delegada de mujer y género de la Defensoría.
Ante este panorama, la entidad reclama a las entidades pertinentes que se establezcan las garantías de vida y de reparación integral y no repetición, así como la definición de una política pública con enfoque diferencial que permita precisar la cantidad y características de las víctimas para a partir de allí desplegar la oferta institucional en favor de estas poblaciones.
