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La sala plena de la Corte Constitucional rechazó una solicitud del procurador Alejandro Ordóñez, para abrir un incidente de impacto fiscal contra el fallo de 2013 que le ordenó realizar un concurso de méritos para proveer todos los cargos de carrera que en la actualidad son ejercidos en provisionalidad en la Procuraduría.
La solicitud del jefe del ministerio público se realizó por considerar que esto podría afectar la sostenibilidad fiscal de la Procuraduría ya que "tiene un profundo efecto en el presupuesto de la entidad, e implicaría realizar de manera inmediata erogaciones económicas".
