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Como se recordará, la ordenanza de la Gobernación del Valle, No.425 del primero de agosto de 2016, estipula "adoptar la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana destinada a financiar el fondo cuenta territorial de se seguridad y convivencia ciudadana", mediante la liquidación y recaudo del servicio de energía eléctrica que ofrecen las comercializadoras presentes en el departamento.
A juicio de Cataño, esta decisión "deja tambaleando y cuestiona la legalidad de la ordenanza, porque la resolución me da la razón para establecer que el cobro es ilegal, porque incumple la ley 142".
Es por eso que la Superintendencia de Servicios Públicos obligó a la empresa Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica S.A E.S.P. retirar dicho cobro, adjudicado a la vivienda en la que habita la ciudadana.
Por su parte la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, contradijo los argumentos de Cataño, quien se desempeña como diputada del departamento.
"La Superservicios no puede suspender el cobro de una tasa que es legal. Según la consulta que tuve con el superintendente nacional, lo que debe hacerse es unos cambios en la factura y crear un desprendible que contenga el cobro y no que venga incluida en el recibo, es un asunto más de forma que de fondo", aseguró Toro.
Aún cuando esta fue una determinación en favor de un caso en particular, la diputada Juana Cataño ha dicho que iniciará un proceso colectivo para que se derogue el cobro.
