Servidores públicos de la Defensoría se van en contra de Jorge Armando Otálora

Varios servidores, tanto asociados al sindicato como no asociados, expresaron su desacuerdo con los supuestos maltratos que el defensor de Pueblo profiere a sus subalternos.
Archivo La FM
Crédito: La FM

Servidores de la Defensoría del Pueblo reaccionaron ante las denuncias hechas en LA F.m., en las que varias personas que han trabajado con el defensor del pueblo, afirman que Otálora incurre en presuntos maltratos a sus empleados.

Juan Manuel Osorio, exdefensor delegado para la orientación de las víctimas del conflicto armado, aseguró en LA F.m. que es normal que el defensor del Pueblo insulte y humille a sus empleados; "eso lo experimenté y me afectó de manera muy profunda", dijo.

De igual forma, el periodista Daniel Coronell denunció este caso en su columna en la Revista Semana.

Por otra parte, Astrid Helena Cristancho renunció a la Defensoría del Pueblo denunciando supuestos malos tratos por parte del defensor Otálora.

La misiva de Cristancho le dice a Otálora "usted sabe que al principio puse límites que creía necesarios cuando usted me insultaba o me gritaba. Hoy, más de dos años después, eso nunca ha dejado de pasar. (…) Usted sabe que su mal genio y su incapacidad para controlarse son casi permanentes y muchas veces por hechos insignificantes. (…) Los gritos que usted emitió dentro y fuera de la oficina son escalofriantes y me han mantenido en zozobra todo el tiempo".

La carta de los servidores publicos de la Defensoría afirma que expresan su "total desacuerdo y rechazo a las afirmaciones realizadas por la Presidenta de ASDEP, Martha Reina Gómez, en la emisora RCN Radio, por cuanto no representa nuestra posición como colectivo sindical en relación con las denuncias públicas hechas por el exdefensor Delegado para las Víctimas, Dr. Juan Manuel Osorio, sobre el maltrato, las humillaciones y los vejámenes a que fue sometido por parte del Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora Gómez, las cuales revisten una enorme gravedad".

A continuación la carta emitida por los servidores públicos de la Defensoría:

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