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La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) expresó su enérgica condena ante los recientes incendios provocados por delincuentes en diversas fincas forestales ubicadas en el Valle del Cauca.
Estos actos, según la SAC, constituyen delitos graves contra el medio ambiente y la propiedad privada, representando un atentado al derecho al trabajo, ya que la reforestación comercial es una importante fuente de empleo formal.
Según los últimos reportes del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, “son más de 127 hectáreas de plantaciones forestales ubicadas en las fincas San Quin, Anhelos, El Piñal y La Esmeralda” con "graves daños en estos ecosistemas, así como en la calidad del aire en la zona”
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En diálogo con La FM, Jorge Bedoya, presidente de la SAC, calificó la situación como una "verdadera vergüenza" los diferentes actos que están ocurriendo en materia de seguridad.
“Esto es algo que ya se convirtió desafortunadamente en paisaje para el sector agropecuario, y son los problemas de seguridad como los que hoy nos llevan a esta manifestación, pero también lo que ha venido ocurriendo en el último año en materia de extorsión”, indicó Bedoya.
En este contexto, Bedoya hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que tome medidas efectivas que protejan los derechos a la vida, al trabajo de los productores y sus familias, así como a la seguridad física y jurídica en estos territorios.
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Sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de Gustavo Petro, Bedoya expresó su preocupación por el deterioro de los indicadores de seguridad y reiteró la necesidad de acciones contundentes por parte del Ministerio de Defensa Nacional para abordar la creciente inseguridad en el país.
“El llamado al Gobierno Nacional y al Ministerio de la Defensa Nacional que tienen que actuar, porque pareciera que el crimen les está ganando la partida”.
La SAC enfatizó la importancia de garantizar la seguridad física y jurídica, así como de implementar medidas que generen resultados tangibles en la lucha contra la delincuencia, para evitar que el crimen siga afectando al sector agropecuario y desincentive la inversión en el país.
