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Continúan las situaciones que afectan a El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar, comunidad que en los últimos días ha sido víctima de amenazas por parte de desconocidos que les exigen que abandonen el lugar.
El alcalde de El Carmen de Bolívar, Carlos Eduardo Torres Cohen, consideró y expresó de forma pública que estas intimidaciones son producto de contiendas familiares. Lo que de inmediato causó rechazo en la comunidad salaera, que consideró que su mensaje minimiza la situación por la que atraviesan.
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"Personalmente he venido rechazando esa posición que él tiene de decir que el tema de las amenazas es pleito familiar. Hace tres años cuando empezaron mis amenazas, él también decía que eran líos de faldas. Yo en cada momento, en cada espacio en donde él ha dicho eso, me he parado y le he pedido respeto", declaró Yirley Velazco, lideresa de El Salado.
Manifestó que son las autoridades competentes las que deben determinar el origen de las intimidaciones, pidió empatía al alcalde y añadió: "Porque él puede ser el alcalde, pero no es ninguna entidad encargada de hacer investigaciones. Para eso está la Fiscalía, el Cuerpo Élite, y demás".
Otro de los temas que preocupa a la lideresa es que en El Salado no para la zozobra, pues las amenazas han continuado. Y asegura que ella y su familia han seguido siendo intimidadas a través de mensajes de texto.
"Las amenazas no han parado. El 20 de enero a las 2:00 de la tarde llegaron nuevamente amenazas. Al celular de mi hermana llegó un mensaje de texto dirigido hacia mí y mi familia dónde nos dicen que si yo no salgo de la zona voy a estar cuidándole la fosa a mi mamá", indicó la lideresa.
Respecto a esto y otras situaciones similares, las más de 200 organizaciones que hacen parte del colectivo 'La Ruta del Cimarronaje' se pronunciaron y ven con preocupación la reciente ola de violencia que se ha presentado en diferentes zonas del país, especialmente en el Caribe, respecto no sólo a las amenazas, sino a los asesinatos de líderes y lideresas.
Indican que no hay garantías de seguridad para quienes trabajan por los derechos humanos, quienes día a día exponen sus vidas con la violencia que muchas veces no es alcanzada por la justicia.
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Recuerdan que desde hace aproximadamente cuatro meses han aumentado estas acciones que ponen en riesgo la continuidad de los procesos y comunidades con las que trabaja la Ruta del Cimarronaje en alianza estratégica con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
Marly Esther Molina, miembro de la Ruta del Cimarronaje, manifestó que frente a esto ese proceso de colectivo presentó algunas peticiones al presidente Iván Duque, a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Ministerio del Interior y a la comunidad internacional.
Les pidieron implementar eficazmente la política pública de protección y prevención, adelantar las investigaciones que den con la captura y judicialización de los máximos responsables de los asesinatos de los líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos, además de instalar una mesa de trabajo con la Ruta del Cimarronaje y exigir del gobierno las garantías para la protección de los derechos constitucionales a la vida.
Por: Evelyn Díaz
