¿Qué sigue para Electricaribe tras la suspensión de su venta?

La superintendente Natasha Avendaño afirmó que el Estado colombiano está comprometido con todo este proceso de selección. “El gobierno está dispuesto no solo con encontrar una solución a largo plazo con dos operadores para el servicio de energía en la Costa Caribe; sino en mantener y garantizar las operaciones mientras este proceso termina de forma exitosa”, manifestó.

Agregó que en los casi tres años de intervención en la empresa se han tenido avances importantes. “Hemos puesto a disposición de la compañía todos los recursos necesarios para pagar la energía, mantener la operación y garantizar la compra de energía; para ello se han puesto a disposición los 860 mil millones de pesos de los recursos del Conpes”, subrayó.

La Superintendente de Servicios Públicos dijo que estos recursos estarán destinados para adelantar las inversiones que no se hicieron en los últimos diez años. “Esta situación es lo que tiene la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa en condiciones de precariedad”, indicó.

Destacó que el aplazamiento  de la elección del nuevo operador de Electricaribe obedece única y exclusivamente a una responsabilidad del Estado.

“Se quiere es garantizar que ante ese cambio de las normas tributarias para los próximos años, se tengan unas condiciones favorables para este proceso enfocado en materia de rentas, mega inversiones como también en el Iva y el capital”, manifestó.

Un asunto dramático: gremios

Ricardo Plata, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, señaló no obstante que a partir de que Gas Natural absorbió Unión Fenosa el recaudo estaba en 93 % y cuando la Nación intervino, estaba en 83 %. Es decir, hubo una caída del 10 %. Llevamos casi diez años con menos inversión de la que se necesita".

Frente a la posibilidad que existe de que se nacionalice a la compañía, Plata dijo que "en última instancia nacionalizar a Electricaribe no dejaría de ser una preocupación, pero es una opción".

El presidente del Comité Intergremial del Atlántico señaló que la prestación del servicio de energía en la región es desesperante. "La prestación del servicio está muy mala. La Financiera de Desarrollo estableció que se deben pagar 700 mil millones al año pero de esos, solo 40 mil son para funcionamiento y se siguen presentando fallas a diario. Esto es un problema nacional, no regional".

Finalmente, agregó que "no hay nada que paralice más las decisiones de una empresa, de un inversionista, que la incertidumbre y al caerse la ley y al no saberse aún si la que la reemplazará queda igual o tiene cambios, no hay manera de hacer una propuesta razonable y sensata porque esa información es esencial para ello”.

En ese sentido, dijo que "esperamos claridad y certeza acerca de cómo quedarían esas condiciones y eso es lo que el Gobierno explica y lo que justifica, que hayan tomado la decisión de aplazar el proceso hasta febrero de 2020, mientras se surte el trámite de la nueva ley en el Congreso".