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Ante la Procuraduría General de la Nación llegó una denuncia contra la Directora de Logística de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, (USPEC), Carmen Cecilia Simijaca Agudelo y la subdirectora de Suministro de Bienes, Tania Buitrago por presuntas irregularidades en un contrato que superó los 17 mil millones de pesos destinado para la adquisición de equipos de seguridad penitenciaria.
La licitación de la USPEC buscaría adquirir equipos de seguridad como escudos antimotín, máscaras antigás y bastones tipo tonfa. Según la denuncia este contrato estaría diseñado para beneficiar, aparentemente, a la empresa, MILFORT S.A.S. En este sentido, la Uspec habría exigido normas técnicas exclusivas en estos equipos con las que solo cumpliría la empresa mencionada.
Dentro de las especificaciones técnicas direccionadas se señala que se habrían "inventado una especificación técnica de un escudo que no existe en Colombia ya que solamente hay una empresa que posee los moldes para su fabricación lo cual vicia el procedimiento desde su origen, excluyendo injustificadamente a productores nacionales debidamente registrados ante el Estado y en la particularidad de lo que se requiere. (…)", se lee en la demanda.
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Entre otras irregularidades se señala que "la USPEC habría exigido un medidor de humedad en el filtro de máscaras, requisito no evaluado por la NIOSH, (norma internacional). Generando así sobrecostos superiores al 100%".
La demanda exigió a la Procuraduría General de la Nación dar paso a la apertura de una investigación disciplinaria contra los funcionarios mencionados y su vez, exigieron la suspensión provisional de la funcionaria, Carmen Cecilia Simijaca Agudelo por riesgo de repetición de estas conductas pese a que este contrato será adjudicado este viernes primero de agosto.
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La denuncia también indica que la Directora de Logística de la USPEC, Carmen Cecilia Simijaca es responsable directa de los estudios previos que sustentan dicha licitación y añaden que en su contra también está abierta otra investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en otros millonarios contratos de la entidad.
"Este proceso licitatorio, plagado de presuntas irregularidades, podría constituye una presunta violación de los principios fundamentales de la contratación pública, consagrados en la Constitución Política (Artículo 209) y la Ley 80 de 1993. Al limitar la competencia y favorecer a un proponente, no solo se arriesga el dinero de los contribuyentes, sino que se socava la confianza en las instituciones", concluye la demanda.
