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La Procuraduría General de la Nación solicitó a la ministra de Educación, María Victoria Angulo González, un informe sobre la prestación del servicio educativo durante la pandemia por el coronavirus covid-19.
En el reporte, el Ministerio de Educación también deberá informar a la Procuraduría General sobre las acciones adelantadas para cerrar las brechas de conectividad en los territorios.
Igualmente, el Ministerio Público pidió información a la Ministra de Educación sobre las principales dificultades que se presentaron para la modalidad de aprendizaje en casa y los retos de corto y mediano plazo, así como las directrices establecidas para el cierre del año escolar 2020 y para 2021.
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Así mismo, requirió información sobre el número de niños, niñas, y jóvenes que han abandonado el sistema escolar durante este periodo.
La petición de la Procuraduría requiere un informe sobre: “las razones que se identificaron para la deserción de más de 100.000 menores, sobre el riesgo de pérdida del año escolar para cerca del 10% de los estudiantes, solicitando a su vez, las estrategias definidas para revertir el impacto que esto puede causar en sus trayectorias educativas”.
De igual forma, plantea la necesidad de socializar las principales acciones desarrolladas por el Ministerio de Educación, en conjunto con otras carteras, para cerrar las brechas de conectividad y de disponibilidad de dispositivos tecnológicos requeridos para el aprendizaje en casa e indicarlos avances o resultados alcanzados a la fecha.
Según el Ministerio Público, se trata de herramientas necesarias tanto para los estudiantes, como para las instituciones educativas, docentes y directivos docentes.
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“Esta acción preventiva se adelanta con el objetivo de velar por la garantía del derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que permanezcan en el sistema educativo, y cumplan y culminen de manera satisfactoria sus estudios”, agregó la Procuraduría General.
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