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La Procuraduría General de la Nación remitió observaciones a los ministerios de Ambiente, Agricultura y a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) sobre la controvertida resolución que incluye a 15 especies de tiburones y rayas marinas como recurso pesquero en el país.
Según indicó la entidad a través de la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, la resolución vulnera el principio de la no regresión en materia ambiental.
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“Es alarmante y muy preocupante que el país retroceda en materia de protección y conservación de la biodiversidad, volviendo a permitir el aprovechamiento pesquero de unas especies que se encuentran en grave riesgo de desaparecer", indicó la Procuraduría.
Además, advirtió que la resolución se convierte en un incentivo perverso y peligroso para propiciar, promover y permitir la pesca ilegal, ya que, al abrir la ventana para que estas 15 especies sean consideradas como recurso pesquero, susceptible de ser aprovechado, favorecerá lamentablemente el aumento en las capturas.
“Será aprovechado por mafias internacionales que trafican con estas especies, poniendo en riesgo no solo la biodiversidad colombiana sino también instrumentalizando a poblaciones vulnerables", agregó el ente de control.
La Procuraduría aseguró también que la resolución desconoce el artículo 80 de la Constitución Política, el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica de Río de Janeiro y el decreto único reglamentario 1076 de 2015.
Además, afirmó que "genera gran incertidumbre e incredulidad frente a las medidas para su control y contención, ya que no prevé medidas concretas para controlar, evitar y contener el transporte y movilización de estas especies amenazadas cuando se produzca su captura".
Sumado a esto, el Ministerio Público afirmó que dicha resolución tiene "efectos totalmente desproporcionados" frente a la finalidad que persigue. Indicando que si el objetivo de la norma es garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones de pescadores artesanales y ancestrales, "resulta completamente desproporcionado poner en grave riesgo 15 especies amenazadas y en peligro de extinción para garantizar la seguridad alimentaria producida por la pesca incidental".
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La entidad aseveró que no se puede argumentar que el objetivo de la resolución sea proteger la salud de las poblaciones de esos organismos, "toda vez que una medida de ésta índole sólo sería aplicable cuando haya superpoblación y sea necesario hacer control para evitar su colapso, lo cual no es el caso según los estudios".
La Procuraduría concluyó enfáticamente que "el objetivo del acto administrativo debería ser claramente el de reducir drásticamente la pesca incidental de cartilaginosos en estricta concordancia con el Plan Ambiental para la Conservación y Conservación de Tiburones expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y no el de abrir peligrosamente la puerta a la captura indiscriminada".
Por todo lo anterior, el Ministerio Público exhortó firmemente a reconsiderar la polémica resolución y pedir la revocatoria directa de la misma, ya que a su juicio las condiciones que llevaron a excluir a estas especies como recurso pesquero no han cambiado en absoluto y siguen estando en grave peligro de extinción.
