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Al menos 822 colombianos se han visto obligados a abandonar sus hogares en las zonas rurales del municipio de Cáceres, departamento de Antioquia, alertó la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
El desplazamiento comenzó el pasado 19 de enero y afecta a las comunidades de las veredas (aldeas) Anará, San Francisco, Bejuquillo, que se suman a las ya afectadas en El Tigre, Ponciano, Alto Tamaná, Campanario y El Calvario, detallaron esas agencias en un comunicado. Entre los desplazados hay 461 adultos y 361 menores de edad, agregó la información.
Además, manifestaron "su preocupación por los hechos de desplazamiento forzado interno y las violaciones de derechos humanos" que se han reproducido en las últimas semanas en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño en la que está enmarcado el municipio de Cáceres.
Las dos agencias también expresaron su "alarma" por el incremento en el número de homicidios. "En el Bajo Cauca estamos observando violaciones de derechos humanos, tales como: amenazas y atentados en contra de la vida e integridad de personas civiles, violaciones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales, y afectaciones a principios y prácticas ancestrales del pueblo indígena Senú en su territorio", dicen.
En su comunicado, reconocen "el esfuerzo que la institucionalidad ha realizado" para responder a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo encaminadas a mejorar la situación en el Bajo Cauca.
Por ello, instaron al Estado a que "evalúe la efectividad en la implementación de la política de prevención y protección de las personas", ya que consideran que hasta ahora "las medidas adoptadas han sido insuficientes para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos de violencia".
En especial, urgieron al Estado a que garantice "que los recursos humanos y económicos sean suficientes para atender la emergencia humanitaria actual y para generar condiciones de respeto por los derechos humanos y de seguridad humana".
Finalmente, hicieron un llamado para que se inicie con carácter urgente una estrategia de respuesta integral de prevención, protección y garantías de no repetición de violaciones de derechos humanos, específicamente para el Bajo Cauca Antioqueño.
Con información de EFE.
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