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Si hay algo que despierta preocupación es la posible injerencia de mandatarios en ejercicio en el proceso electoral que está en marcha. A propósito del tema, a escasos días de las elecciones siguen conociéndose casos de la directa relación de alcaldes y gobernadores con algunos aspirantes.
Y es que, pese a que la Procuraduría ha advertido que los servidores públicos deben estar al margen de la campaña electoral, hay una serie de hechos que demostrarían que no se está cumpliendo con esa ley.
Sobre esta situación se ha conocido el caso de Carepa, un municipio de Antioquia donde se suscribieron unos contratos que levantaron ampolla. El municipio firmó unas medidas contractuales con algunas personas que aparecen como cercanas a Jonnan Alexis Cerquera, candidato a la alcaldía local.
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De acuerdo a lo que ha trascendido, la Alcaldía de Ovidio de Jesús Ardila tiene contratos con personas que aparecen como cercanas a la campaña del aspirante.
Primero está un contrato celebrado el 21 de agosto pasado por $161.595.772 donde se tiene como objeto “la prestación de servicios profesionales de capacitación y cualificación del recurso humano, dirigido a los funcionarios de la Alcaldía de Carepa”. Este documento fue firmado por la alcaldía y Jorge Mario López Londoño. Según la información que circula por el municipio, esta persona es familiar de la esposa del alcalde y también sería parte activa de su campaña.
Otro contrato celebrado a finales de agosto –en plena campaña– lo suscribió la alcaldía y Cley Serpa Ospina. La intención, con los $23.000.000, es la “concesión de parqueadero para los automotores inmovilizados en el municipio”. En varias redes se le ha visto a la contratista como parte activa de la campaña, de ahí el cuestionamiento.
Al conocer de las advertencias lanzadas, Jonnan Alexis Cerquera, el propio candidato, dijo que la única intención es hacerle daño a su campaña por parte de sus contradictores políticos. Además, dijo que estas advertencias no tienen argumentos de fondo.
“Debemos rechazar enfáticamente la vinculación que nos quieren realizar con la administración municipal con la que tenemos grandes diferencias por la manera en que han venido administrando el municipio”, dijo.
Y agregó: “En las mismas redes sociales se ha visto como nos han venido dañando nuestra publicidad, más del 60% está destruida. Con perfiles falsos han querido dañar nuestra imagen y la campaña debe ser transparente”.
Lo cierto es que la Procuraduría, desde junio pasado, advirtió que en aplicación de las normas vigentes ningún servidor del Estado o particular que ejerza funciones públicas, salvo que esté autorizado legalmente, podrá participar en política.
