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Con el objetivo de tener un Centro Histórico seguro y libre para el disfrute de las familias, la Alcaldía de Cartagena expidió el Decreto 0065 del 19 de enero de 2024, en el que se establecieron algunas medidas para garantizar el orden público, frenar la explotación sexual y la prohibición del consumo de sustancias alucinógenas en espacios públicos, instituciones educativas, iglesias, entre otros.
Uno de los puntos que se resalta en este decreto es la prohibición de la circulación de motos eléctricas, patinetas y bicicletas en 27 calles del Centro Histórico.
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“Debido a los requerimientos y solicitudes hechas por los cartageneros, el alcalde expidió un decreto donde se fortalecen las medidas impartidas en el Decreto 003, donde buscamos fortalecer el 'Plan Titán 24'”, dijo Bruno Hernández, secretario del Interior y Convivencia.
Esta prohibición operará desde las siete de la noche hasta las tres de la mañana del día siguiente en las calles de la Amargura, Calle Cabal, Calle del Colegio, Calle del Porvenir, Plaza de los Coches, Calle de Nuestra Señora del Río, Calle de Carlos Vélez Daníes, calle de la Cochera del Goberndor, Calle del Candilejo, entre otras.
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“Buscamos preservar y garantizar la seguridad de nuestros niños y niñas lo cual es fundamental y de prioridad del alcalde de Cartagena. Seguimos con la lucha frontal directa y contundente contra la trata de personas, el consumo y tráfico de estupefacientes, y la explotación infantil en el Distrito”, precisó Hernández.
En este decreto, también se refuerza la prohibición del ofrecimiento de servicios sexuales en espacios abiertos y sitios con entorno familiar.
La medida también restringe la presencia de niños, niñas y adolescentes menores de 16 años en el Centro Histórico de Cartagena después de las ocho de la noche, a excepción de aquellos que se encuentren en compañía de sus padres o tutores legales.
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Quienes acompañen a los niños serán los responsables de su cuidado y comportamiento. En la implementación de esta medida se contará con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio Público, con el fin de determinar que en la ejecución de la medida no se atente contra los derechos de los menores de edad.
