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Los ciudadanos de Armenia han tenido que enfrentar el embate de la corrupción en los últimos años de manera particular. En mayo de 2018 el alcalde Carlos Mario Álvarez, elegido en el 2015 por el Partido Liberal, fue enviado a la cárcel por un escándalo con la pérdida de un total de $ 17.000 millones por valorización que iban a ser utilizados en la construcción de obras clave como puentes y vías principales.
En ese mismo caso también fue condenada la exalcaldesa Luz Piedad Valencia a 77 meses de prisión, luego de aceptar cargos y pedir una disculpa pública a sus electores. Como si fuera poco, el esposo de la exalcaldesa, Francisco Javier Valencia, también terminó en prisión por haber participado en el entramado que llevó a bolsillos de privados los recursos públicos de los contribuyentes que tenían el fin de mejorar y construir las obras.
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Con esa historia y enarbolando las banderas de la transparencia y la anticorrupción, José Manuel Ríos lanzó su candidatura por segunda vez el año pasado, y ganó las elecciones. Sin embargo, La Fiscalía anunció la semana pasada que le imputaría cargos por irregularidades en contratos durante el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.
La FM conoció los detalles detrás de la imputación. El primer contrato fue firmado el pasado 02 de abril con la empresa Comercializadora y distribuidora AgroIndustriales S.A.S. Aunque su registro mercantil indica que su actividad económica tiene que ver con comercio al por mayor de productos alimenticios, la Alcaldía le otorgó un contrato por 350 millones de pesos para el suministro de guantes y tapabocas para el coronavirus en modalidad de contratación directa, sin pasar por licitación.
Pero la historia tiene más minucias. Un acta fechada el 10 de mayo de 2019 de la asamblea de la empresa Comercializadora y distribuidora Agroindustriales demuestra que el accionista mayoritario de la empresa de comercio de alimentos, era para ese entonces Jhon Freddy Correa Carvajal con el 40% del total y un capital en acciones de 120 millones de pesos.
Correa Carvajal aparece a su vez en los registros de cuentas claras otorgándole un crédito por 50 millones de pesos al alcalde Ríos para su campaña a la Alcaldía el año pasado.
Además, firmando como secretario de la sociedad, aparece Jorge Luis Barrera Chiquita, quien fue nombrado secretario de despacho por el alcalde cuando llegó al cargo en enero.
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Esto quiere decir que bajo la emergencia por el coronavirus la Alcaldía contrató directamente a una empresa que no tenía la experiencia en el objeto del contrato, y en donde además tienen silla dos de los amigos personales del alcalde. Uno de ellos, su prestamista para la campaña del 2020, y, otro, su socio directo en una empresa privada.
¿Por qué socios en otra empresa?
Barrera Chiquita está siendo investigado formalmente por la Procuraduría General, entre otros secretarios del gabinete por los contratos revelados aquí. Pero su relación con el alcalde no es únicamente en la administración de la ciudad. Ambos fueron socios de una empresa llamada Solumobile. Los estatutos de esta compañía conocidos por La FM señalan que se trata de otra SAS en donde Rios Morales tenía 56 acciones con un capital de 29 millones de pesos y, Barrera, 84 acciones con un capital de 42 millones de pesos.
La Alcaldía terminó entregándole un contrato a una empresa en donde no solo el alcalde, sino el secretario de despacho tenían intereses.
Más contratos
Otro de los contratos cuestionados hasta ahora tiene que ver con una compra de raciones de almuerzos, cenas y refrigerios para funcionarios de la Alcaldía que estaban contribuyendo con la entrega de mercados y elementos de bioseguridad en Armenia. Allí se contrató a la empresa Guitarra and Coffee por 300 millones de pesos, pero el restaurante, que es un bar de eventos, cobró cada ración de almuerzo a $ 15.200 pesos como si se tratara de un almuerzo ejecutivo vendido en cualquier restaurante y no de un contrato al por mayor. Allí se vendieron 4.396 almuerzos, 21 cenas ejecutivas por el mismo valor cada una, y 12 refrigerios sencillos cada uno por $ 9.600.
La Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía siguen investigando si hubo excesos en estas y otras contrataciones. Pero el ente acusador le imputará cargos al alcalde, en una ciudad que parece ya acostumbrada a los problemas de corrupción desde el 2015.
La FM envío preguntas concretas al alcalde Rios sobre esta investigación. Respondió que nunca ha tenido una relación directa con la empresa Comercializadora y distribuidora Agroindustriales y que las dos personas mencionadas aquí sí son amigos personales de su círculo de confianza. Confirmó que su exasesor de despacho era su socio en la empresa Solumobile.
