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Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) iniciaron la preparación de la audiencia pública de reconocimiento de verdad y de responsabilidad de los 23 miliares y agentes del Estado que aceptaron su autoría en los crímenes de 296 personas, ocurridos en Casanare y algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame, Arauca, entre 2005 y 2008.
Por estos casos de ‘falsos positivos’ la JEP imputó y llamó a reconocer su responsabilidad a 22 exintegrantes de la Brigada XVI del Ejército, al exdirector del extinto DAS Casanare y a dos terceros civiles.
En torno a estos hechos la JEP recibió el reconocimiento escrito de responsabilidad de 20 exintegrantes de la Brigada XVI del Ejército Nacional, del exdirector del extinto DAS Casanare y de dos terceros civiles imputados por la comisión de asesinatos y desapariciones forzadas de personas en estado de indefensión.
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Uno de oficiales que aceptó su responsabilidad en estos graves hechos fue el mayor general retirado Henry William Torres Escalante, quien indicó: “Mi responsabilidad se funda en las presiones permanentes que hice a mis subordinados, mismas que me eran aplicadas por parte de mis superiores, exigiendo resultados operacionales, dando prelación a las bajas en combate, lo que indiscutiblemente me llevó a ser reiterativo e incisivo en la Unidad que comandaba, cuando debí ejercer una comandancia mesurada en la emisión de órdenes”.
El informado también señaló que, “lastimosamente, sólo hasta ahora reflexiono que, debí haber exhortado en mis subalternos la protección a la vida humana como prioridad y la seguridad de la población civil dentro de la jurisdicción de la Brigada”.
Otros de los uniformados que reconocieron su responsabilidad son el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; de los tenientes coroneles (r) Henry Hernán Acosta Pardo y Marcolino Puerto Jiménez; de los mayores (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, Jorge Eduwin Gordillo Benítez y Erwin Duarte Rojas; de los capitanes (r) Jaime Rivera Mahecha, César Augusto Cómbita Eslava y Miguel Andrés Sierra García.
A ellos se suman el reconocimiento del sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez, los sargentos segundos (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez, Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y Faiber Alberto Amaya Ruiz; del cabo primero (r) Gélver Pérez García; del cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; y del exdirector (r) del extinto DAS, Casanare, Orlando Rivas Tovar, además del de dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
En desarrollo de este proceso estos agentes del Estado afirmaron estar dispuestos a brindar cualquier explicación y ampliación de verdad sobre los casos cometidos.
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De igual forma, expresaron su disposición para realizar acciones, tareas y actividades, con el fin de lograr una reparación cierta, real y efectiva de las víctimas.
Por otra parte, el coronel retirado Cipriano Peña Chivatá y el teniente coronel en retiro Germán Alberto León Durán no aceptaron su responsabilidad y ante ello, se enfrentan al proceso adversarial, a través de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, en el cual, de ser hallados culpables, se exponen a penas de hasta de 20 años de cárcel.
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