JEP interroga a exmilitares del Batallón Junín sobre falsos positivos en Córdoba

Este martes se cumple unja nueva audiencia de Verdad y Reconocimiento de Responsabilidad y los comparecientes son  exmiembros del Batallón Junín de Montería, quienes  son interrogados  por la magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) sobre su presunta participación en  ejecuciones extrajudiciales, que fueron presentados como bajas en combate, entre los años  2006 y 2008.

La semana pasada fueron escuchados los exmiembros del Gaula Córdoba, entre ellos el mayor en retiro Julio César Parga Rivas, quien era el comandante de ese grupo. Por estos hechos fue condenado.

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Cabe recordar que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP convocó del 15 al 26 de septiembre estas audiencias públicas de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad, para iniciar el proceso dialógico no sancionatorio y hacer seguimiento al régimen de condicionalidad a los 71 comparecientes citados.

Los comparecientes que interrogaron el lunes fueron interrogados sobre la muerte violenta Hugo Alberto Vega, en hechos ocurridos  en zona rural del municipio de Ciénaga de Oro, en una supuesta operación antiextorsión.

También convocaron a familiares de víctimas de falsos positivos, entre ellos Walberto Wilchez, quien busca a su hermano José, quien fue asesinado en la vereda El Guayabo , municipio de Tierralta hace 17 años.

Los comparecientes convocados no fueron seleccionados por esta Jurisdicción como máximos responsables; sin embargo, están vinculados a 14 hechos cometidos en los municipios de Montería, Los Córdobas, Tierralta, Chinú, Sahagún, Canalete y Ciénaga de Oro, en Córdoba; en Caimito (Sucre ) y Caucasia (Antioquia).

Las audiencias han sido lideradas por Juan Felipe García Arboleda, jefe del Grupo de Análisis de Información (GRAI) de la JEP, el magistrado  Pedro Díaz Romero y  Daniel Zamora Zamora.

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Los 71 comparecientes transitan la Ruta No Sancionatoria, el mecanismo mediante el cual la JEP busca resolver de manera definitiva la situación jurídica de cerca de nueve mil comparecientes que no son considerados máximos responsables de crímenes en guerra o de lesa humanidad.

Según la JEP,  para acceder a este mecanismo no sancionatorio los comparecientes deben garantizar los derechos de las víctimas haciendo aportes exhaustivos y detallados a la verdad, reconociendo su responsabilidad en los hechos que corresponda, contribuyendo con acciones restaurativas de carácter simbólico y comprometiéndose con la no repetición.