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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el pasado miércoles la respuesta "desproporcionada" y "letal" de las autoridades de Colombia ante las protestas que estallaron el 28 de abril contra el Gobierno Nacional, luego de una visita extraordinaria al país.
La Comisión presentó un informe de 48 páginas con las denuncias de violaciones a los derechos humanos recogidas durante su visita a Colombia entre el 6 y el 10 de junio en medio de una crisis provocada por el descontento hacia el gobierno de Iván Duque.
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En diálogo con La FM, Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de la nación, manifestó que la principal dificultad que posee el informe emitido por la CIDH es que se trata de una "simple relatoría" denominada reclamaciones de la sociedad civil, que solo recoge las reclamaciones de las ONG y por ello tiene un "sesgo político que le quita la objetividad a esas recomendaciones".
"Esto polariza mucho más la forma como debemos abordar el tratamiento de las marchas en Colombia, esa falta de objetividad se convierte en la interpretación de solo un sector de la sociedad colombiana", recalcó.
¿Qué pasa si Colombia no acata estas recomendaciones?
Martínez precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza estas recomendaciones en el ámbito de su competencia, pero estas no son vinculantes desde el puno de vista de la obligatoriedad porque no se trata de una decisión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Son meras recomendaciones que se presentan al estado y no a los gestores sociales, por ello las violaciones a derechos humanos que se han presentado, no solo desde los manifestantes sino las cometidas por vándalos, son observaciones que se hacen son relación al Estado.
El exfiscal Martínez sostuvo que el informe debería reconocer que el Gobierno no estigmatizó las manifestaciones, pues estas se realizaron con normalidad y con apoyo del es Estado. "Colombia como sociedad política, respeta la protesta social".
De igual manera, señaló que durante las marchas se produjo una afectación a los derechos y libertades de los colombianos, pues los bloqueos impidieron el libre acceso al trabajo, el desarrollo a la empresa privada, junto al acceso a la salud y suministros.
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"Estos hechos fueron rechazados por un amplio sector de la sociedad que se vio afectado. Pero acá se ponen por encima de los intereses mayoritarios de la sociedad, los intereses de un sector minoritario que ha protestado y que ha afectado a la sociedad", agregó.
Néstor Humberto Martínez cuestionó que no se emitieran recomendaciones sobre el sector que durante las manifestaciones cometieron actos violentos y que afectaron la vida, junto a los bienes públicos y privados. "Para los violentos no hay recomendaciones, sino para el Estado y se habla de altas tasas de impunidad basadas en informes fuera de contexto”".
"Francamente ese informe tiene un sesgo ideológico, pues sus recomendaciones solo se hacen para un sector de la sociedad colombiana", reiteró.
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Finalmente, Martínez precisó que el no acatar plenamente dicho informe no convertiría a Colombia en una dictadura y recordó que el en país se ha demostrado que hay una gran democracia, la cual se evidencia en ejercicio de protesta y reclamo que se han realizado en la nación.
"Han sido miles de marchas y millones de ciudadanos en las calles, el propio informe dice que el 90% de las marchas fueron realizadas en un ambiente de absoluta normalidad, entonces en una dictadura no podría darse este tipo de manifestaciones".
