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El juez 75 Especializado con Función de Control de Garantías de Bogotá aceptó la solicitud que imponer dos de cinco medidas cautelares contra el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango.
Dichas medidas fueron planteadas por el Fiscal 40 Especializado, tras socializar un informe en el que detalló las condiciones ambientales y físicas de los municipios ubicados en la zona de influencia de la represa.
Sostuvo que es fundamental frenar la expansión del buchón de agua que afecta a varias fuentes hídricas, así como los residuos de materiales de obra y la deforestación en la zona.
El togado hizo un análisis de la información sobre el proyecto hidroeléctrico, en el que verificó el antes, durante y después, con base en los 'hechos notorios', que se han identificado.
Dijo que existen cuatro denuncias que las víctimas interpusieron ante la Fiscalía por amenazas contra su integridad, al igual que por la contaminación que se ha generado en la zona.
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Así mismo, ordenó que se conforme una mesa técnica en la que participen los organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y organizaciones ambientales.
De igual forma, señaló que es importante que se adelanten estudios que permitan definir cuál es la situación de riesgo de los habitantes en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico.
Conminó además a EPM y sus asociados que deben informar a medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, sobre lo que sucede con los habitantes, considerados como víctimas.
El juez Se refirió al movimiento Ríos Vivos, que por medio de su representante legal solicitó que las diligencias judiciales se hicieran en Bogotá, por la presión política y económica que podría tener cualquier decisión judicial en Antioquia.
Agregó que "las víctimas somos todos los colombianos, porque el medio ambiente, nos compete a todos".
Frente a informes de entes de control como la Contraloría, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Procuraduría, que existe un riesgo inminente que preocupa a los habitantes de la zona y que esto se sustenta en que "la alerta roja persiste".
"Es claro que los recursos naturales sí sufrieron una afectación, sí hubo un daño (...) Hay cinco fuentes de prueba que trajo la Fiscalía para demostrar la responsabilidad en la afectación ambiental", afirmó.
Fraude procesal
El juez aseguró que "hubo ocultamiento de la verdad por parte de Hidroituango y de EPM, presuntamente cuando se había construido ese túnel, sin tener la licencia". Advirtió, además, que hubo -al parecer- malas prácticas en el inicio de las obras del proyecto hidroeléctrico, sin tener supuestamente la viabilidad para hacerlo a través de la licencia.
"La obra inició en el 2015, diez meses antes de haberse otorgado la licencia; cuando yo obro por fuera de la ley, estoy afectando no solo al medio ambiente sino también a la gente", sostuvo.
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"Sí hay inferencia para considerar que Hidroituango y EPM cometieron fraude procesal", afirmó el juez sobre la consecución de la licencia. Advirtió que existe inferencia razonable para considerar que se cometieron incluso delitos como el fraude procesal, pero señaló que será la Fiscalía la que determine si imputa cargos o por el contrario los precluye.
Durante más de tres horas, el juez expuso que tiene la misión constitucional de defender derechos fundamentales. "Hay un riesgo inminente; la duda debe resolverse en favor de la vida", expresó.
Agregó que es urgente que se tomen medidas, porque podría ocurrir una tragedia, no sólo para los habitantes de la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico.
Medidas cautelares
Según explicó el juez, entre las medidas cautelares están “amparar los derechos a la vida, salud, mínimo vital, medio ambiente, vida digna, salubridad pública, dignidad humana, con ocasión al estado de calamidad pública, decretado por la gobernación de Antioquia".
Explicó que con el fin de garantizar la continuidad del proyecto, "se deberá cumplir con la entrega de informes parciales como mínimo cada diez días".
Posición de las víctimas
En medio de la incertidumbre se encuentran los habitantes de la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico ubicado sobre el río Cauca, luego de la grave emergencia que se registró en abril de 2018.
La alerta roja continúa y sus habitantes temen que en cualquier momento se registre un nuevo deslizamiento y que las filtraciones de agua que se han denunciado por organizaciones ambientales, puedan generar una tragedia. Piden al grupo empresarial EPM que atiendan a la población e informen la realidad de lo que sucede en los túneles.
William de Jesús Gutiérrez Nohaba, presidente de la Asociación de mineros y pescadores artesanales de Valdivia una de las zonas más afectadas, dijo que prácticamente viven con miedo.
“Esa zozobra con la que permanecemos es tan grande (…) la gente no puede dormir cuando ven los vídeos que graban dentro de los túneles. Hace como 15 días había una filtración abundante de agua (...) no entendemos por qué las directivas de EPM nos mienten”, dijo.
Las afectaciones económicas en el municipio han aumentado con el paso de los meses, los pescadores y barequeros no pudieron continuar con su oficio mientras que los comerciantes sintieron bajar las ventas de los productos por la falta de dinero y de trabajo.
“El comercio de un 100 por ciento bajó a un 15, están desesperados. Los que vivían de la pesca y el bahareque están muy preocupados porque ya no pueden trabajar como antes”, señaló.
Sostuvo que los habitantes del municipio se desplazaron forzosamente de las viviendas para buscar empleo y oportunidades en otras ciudades y regiones. “No hay empleo, se dañó el medio ambiente por la creciente súbita, se acabó la pesca por la represa, se acabó el barequeo; la situación es preocupante”, señaló Gutiérrez Nohaba.
El líder social indicó que los alimentos escasean debido a que las actividades de donde derivaban su sustento económico, están suspendidas. “Toda la comida de las laderas del río Cauca se perdió, la que no tumbaron durante la construcción de la carretera, se la llevó la creciente súbita”, dijo el representante de los pescadores y mineros de Valdivia.
Leishmaniasis
Sabanalarga es otro de los municipios afectados. Los casos de leishmaniasis se incrementaron desde 2016 y, según las cifras entregadas por la abogada de las víctimas, Jeimy Aguilera, han muerto cinco personas.
Guillermo González Moreno, presidente de la Asociación de Pequeños Mineros y Pescadores, aseguró que en un recorrido que realizó en los últimos días por las veredas del municipio, encontró que son 217 las personas con esta enfermedad.
“En Sabanalarga nunca habíamos tenido el problema de la leishmaniasis; en los últimos tres años se incrementó la aparición de casos. Tan solo en este año van 217 casos, he visitado casa por casa”, dijo.
El líder comunal explicó también que la atención en el hospital es precaria y que los altos costos de los medicamentos impiden a muchos acceder a ellos; otros optan por plantas medicinales o remedios caseros.
“Nos dicen que la droga que hay en el hospital no es la adecuada para eso, que las inyecciones valen más de 300 mil pesos y sin plata no se pueden comprar. Trasladan a los pacientes a otros municipios mientras que otros ni quisiera pueden ser atendidos (...) conozco el caso de dos niños que dos meses y de tres años, que también tienen la enfermedad”, dijo.
El líder de los pescadores y barequeros advierte que se sienten abandonados y que supuestamente el grupo empresarial EPM, no se pronuncia ni toma medidas.
El abogado Guillermo Romero Sánchez, representante de la Asociación de Pescadores y Mineros de Valdivia, dijo que la tala de árboles y el mal uso de los residuos están enfermando a la gente.
“La Fiscalía, en el marco de la investigación de los delitos contra recursos naturales y medio ambiente, por lo ocurrido entre el 2018 y 2019, adelantaron una investigación encontrando dificultades graves entre la población”.
Agregó que “los desechos de asfalto mal dispuesto, residuos sólidos de carreteras y de excavaciones que bloqueaban cuencas de agua, la proliferación del buchón y la situación de la obra, alertaron a la Fiscalía”.
Una de las solicitudes consiste en que el grupo empresarial EPM realice un nuevo estudio de la situación real del proyecto y del cuarto de máquinas, y que éste sea socializado con los residentes de los municipios del área de influencia.
Entre tanto, la defensa de la empresa antioqueña presentó un recurso de reposición en subsidio de apelación.
