Gremio TIC alerta por crisis en el sector y exige al Gobierno regulación justa

Las principales asociaciones del sector de las telecomunicaciones en Colombia hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional, al Congreso y a los entes de control, para adoptar un modelo regulatorio que garantice la sostenibilidad de las redes y la infraestructura digital en el país. 

A través de una carta firmada por representantes de Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), la Asociación de Operadores de Tecnologías de Información y Comunicaciones (Asotic), la Asociación Mundial de Proveedores de Servicios Móviles (GSMA) y la Asociación Internacional de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), se advirtió que el ecosistema digital enfrenta desequilibrios que amenazan la calidad y continuidad de los servicios.

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“Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a los entes de control y regulación. Es momento de establecer reglas claras y justas sobre el uso de las redes. Colombia debe avanzar hacia un modelo de uso equitativo y sostenible de las redes y la infraestructura digital, donde todos los actores, especialmente quienes más tráfico generan, paguen por los insumos que usan”, señala el comunicado. 

Cabe mencionar que actualmente los operadores móviles y fijos prestan servicios a más de 41 millones de personas en el territorio nacional. Gracias a sus inversiones, que superan los $55 billones en los últimos siete años, Colombia alcanzó un 79 % de cobertura poblacional de internet, posicionándose entre los 50 países con mejor acceso y ocupando el cuarto lugar en América Latina. 

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“Colombia enfrentaría un rezago frente a otros países de la región en materia de conectividad, innovación y competitividad, comprometiendo los esfuerzos públicos y privados por construir un ecosistema digital inclusivo”, agrega el comunicado. 

Uno de los problemas es la carga desproporcionada que soportan los operadores, frente al uso intensivo de las redes por parte de grandes plataformas digitales, que generan más de dos tercios del tráfico, pero no contribuyen económicamente a su mantenimiento. 

La situación se agrava por la caída del ingreso promedio por usuario (ARPU), que disminuye en un 70 % en la última década, al tiempo que el consumo de datos móviles se incrementa en un 25 % anual. Esta combinación debilita la capacidad financiera de los operadores, afectando su posibilidad de expandir y modernizar las redes, especialmente en zonas rurales y apartadas.

Las asociaciones proponen una regulación que obligue a los grandes generadores de tráfico a compartir los costos del uso de red, tal como ocurre en países como Corea del Sur. 

Concluyeron que de no adoptarse medidas, se comprometería el derecho de millones de colombianos a una conectividad de calidad, asequible y equitativa, afectando su acceso al trabajo, la educación, la salud y la participación democrática.