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Humberto De la Calle, jefe negociador del gobierno con las Farc en La Habana, resaltó que junto con las Farc se cumplen todas las tareas para determinar cuáles serán las veredas o fracciones de las mismas en donde se ubicarán los guerrilleros.
"El Gobierno está entrando en contacto con gobernadores y alcaldes para el propósito de fijar que, reitero dos cosas, son fracciones municipales, ni siquiera es un municipio completo son veredas, dentro de un municipio, algunas veces incluso menos que una vereda cuando se trate de una vereda muy grande y son eminentemente temporales, no van a durar más de seis meses, luego este es un tránsito temporal, con un propósito de la dejación de armas", indicó.
Los subversivos se trasladarán a las denominadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización, en medio del cumplimiento al punto del cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo así como la dejación de armas.
"En este momento estamos en el proceso de fijar esas veredas, para lo cual hay una intensa coordinación con el ministerio de Defensa, en función de unas características que han sido prefijadas, para que esta decisión sea la más acertada posible", agregó el jefe negociador.
Gobierno confía en que alcaldes facilitarán proceso de ubicación
De la Calle dijo que se realiza un permanente diálogo con las autoridades locales y regionales para adecuar la logística en la implementación de las zonas y señaló que por su carácter de temporalidad y de restricción en el espacio, estas no representarán ningún problema para los alcaldes.
"Obviamente estamos en un proceso de escuchar a las autoridades locales, pero bajo ese esquema de temporalidad y de zonas extraordinariamente restringidas, nosotros tenemos la seguridad de que dado el propósito de desarme de estas zonas y la breve temporalidad y el espacio restringido de las mismas, no va a haber ningún problema con las autoridades locales", agregó.
Sin embargo, recordó que las decisiones en materia de orden público en el país recaen exclusivamente en el presidente de la República.
"Aquí no se trata de hacer un acto de arrogancia, pero desde el punto de vista jurídico si quiero también advertir que constitucionalmente las decisiones en materia de orden público corresponden exclusivamente al presidente de la República", puntualizó De la Calle.
