Gobierno prepara nueva reglamentación para piscinas públicas en Colombia

El Ministerio de Salud alista nuevos criterios técnicos y de seguridad obligatorios para la construcción, modificación y operación de piscinas y estructuras similares de uso colectivo en el país.

A través del borrador de una resolución, la entidad busca reducir los riesgos de accidentes, en especial los relacionados con el ahogamiento, además de garantizar condiciones sanitarias óptimas para los usuarios y enfocados en los menores de edad.

Según el Ministerio de Salud, la normativa parte de mandatos constitucionales y legales que exigen la protección de la salud de los ciudadanos, incluyendo la responsabilidad de los establecimientos que prestan servicios al público. 

“Uno de los fundamentos más alarmantes que impulsó la medida es la cifra de 6.832 muertes por ahogamiento registradas en el país entre 2005 y 2022, de las cuales, el 65% corresponde a población infantil y juvenil. Adicionalmente, en 2020 se atendieron más de 5.100 casos por ahogamiento en servicios de salud”, indica uno de los apartes del documento.

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Se establece en este borrador de la resolución que está en la fase de comentarios que tiene una aplicación especial en las piscinas abiertas al público, como las de hoteles, escuelas, clubes, centros recreativos y vacacionales, así como a aquellas de uso restringido en condominios, conjuntos residenciales y clubes privados.

También se extiende a estructuras similares como spa, tinas de hidromasaje y piscinas terapéuticas. Las piscinas de uso privado unifamiliar también deberán cumplir con normas mínimas de seguridad.

“Todo proyecto nuevo de piscina o modificación, debe cumplir con la normativa urbanística, sismo-resistente y técnico-constructiva vigente. Se requiere aprobación previa por parte de las autoridades locales y la entrega de planos detallados, diagramas, memorias técnicas, manuales de operación y protocolos de mantenimiento. La elaboración de estos documentos debe estar a cargo de un profesional certificado”, subraya el borrador del documento.

Establece que los establecimientos deben contar con un plan de seguridad integral actualizado, con información sobre dispositivos homologados, gestión de riesgos, y protocolos de prevención. Asimismo, deberán obtener un certificado de cumplimiento en normas de seguridad, con vigencia de cuatro años.

“Se exige además la presencia de personal capacitado, un área para primeros auxilios, señalización visible de profundidades y aforos, accesos para personas con movilidad reducida, y materiales de construcción antideslizantes y resistentes”, destacó.

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El uso eficiente del agua y la energía también es un eje central de este documento. Las piscinas deben contar con sistemas de recirculación de agua, filtración y ventilación, que cumplan parámetros técnicos rigurosos. 

“Se establece, por ejemplo, que el agua debe pasar por el sistema de filtración entre 4 y 12 veces por día, dependiendo del tipo de piscina. Además, se regulan los vertimientos de agua tratada a cuerpos hídricos, que deberán cumplir con el Decreto 3930 de 2010, dado que el agua de piscina se considera un vertimiento no doméstico por su contenido químico”, apuntó.

En el caso de las piscinas ya construidas al momento de la entrada en vigencia de la resolución, una vez sea firmada por el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, deben ajustarse mediante planes de mejora. 

“Tienen un plazo de 30 días hábiles, tras la visita de inspección sanitaria, para presentar un plan de adecuación de seguridad, operación y dispositivos”, explicó.

El borrador de la resolución también contempla campañas de promoción y prevención sobre prácticas seguras, dirigidas a bañistas, trabajadores y responsables de los establecimientos. Estas deberán ser implementadas por las autoridades locales, con posible apoyo de asociaciones gremiales.

“Con esta regulación, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso con la prevención de accidentes y la protección de la vida en entornos recreativos acuáticos. La implementación efectiva dependerá ahora de la coordinación entre municipios, operadores de piscinas y entidades de control sanitario”, señala el borrador.