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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, en entrevista con La FM de RCN hizo un llamado al Gobierno nacional para que declare la conmoción interior en el departamento ante la grave crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa la región. Córdoba advirtió que la población enfrenta una situación insostenible debido a la violencia, los desplazamientos forzados y la presencia de grupos armados ilegales.
"Estamos en una crisis que no da espera. Las comunidades están sufriendo desplazamientos masivos, confinamientos y violaciones a los derechos humanos. Necesitamos que el Estado actúe con urgencia", afirmó la mandataria.
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El departamento ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos ilegales que disputan el control del territorio, afectando a miles de personas. Según la gobernadora, las condiciones actuales impiden que las autoridades locales puedan garantizar la seguridad y el bienestar de la población, lo que justifica la necesidad de medidas extraordinarias por parte del Gobierno nacional.
Córdoba señaló que la declaratoria de conmoción interior permitiría la movilización de más recursos y la implementación de estrategias de seguridad más contundentes para frenar la crisis. "No podemos seguir esperando a que la situación empeore. Es momento de que el Estado intervenga con toda su capacidad para restablecer el orden y proteger a nuestros ciudadanos", enfatizó.
En sus declaraciones, la gobernadora comparó la situación del Chocó con lo ocurrido en el Catatumbo, donde el Gobierno ha evaluado medidas similares para enfrentar la crisis de seguridad. "Si en otras regiones del país se han tomado decisiones extraordinarias para frenar la violencia, el Chocó también necesita esa atención urgente. No podemos ser invisibles ante el Estado", afirmó Córdoba.
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Además, la mandataria denunció el uso de minas antipersona por parte de los grupos armados ilegales en diversas comunidades del departamento. Según Córdoba, estas minas representan un grave riesgo para la población civil, en especial para niños y campesinos que transitan por las zonas rurales. "Hemos recibido múltiples denuncias de familias que han perdido seres queridos o que han quedado con graves afectaciones por la presencia de minas antipersona en sus territorios", señaló.
Ante esta situación, la gobernadora llevó la denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), buscando que la comunidad internacional preste atención a la crisis del Chocó y exija al Estado colombiano una respuesta más contundente. "Hemos solicitado que la OEA intervenga y haga un llamado urgente al Gobierno para que atienda esta grave violación de los derechos humanos. Nuestra gente no puede seguir viviendo con miedo de pisar su propio territorio", afirmó.
El conflicto en Chocó ha sido marcado por disputas entre el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN, que buscan el control de rutas del narcotráfico y la minería ilegal. La Defensoría del Pueblo ha emitido múltiples alertas tempranas advirtiendo sobre la vulnerabilidad de la población civil, pero la respuesta del Estado ha sido insuficiente, según líderes comunitarios.
