La FM en Google News
La Fundación Universitaria San José anunció este jueves que anulará el título de Contaduría otorgado a Juliana Guerrero, postulada para el cargo de viceministra de la Igualdad, tras comprobar que no cumplió con los requisitos legales, entre ellos la presentación del examen Saber Pro.
La decisión surge luego de una investigación interna que detectó irregularidades en la entrega del diploma.
De interés: ¿Están ayudándole desde el Gobierno a Daniel Quintero?
Para la Fundación Universitaria San José, la egresada no cumplió con los requisitos legales exigidos por la ley colombiana, como la no presentación del examen Saber Pro, evaluación obligatoria para todos los estudiantes de educación superior en el país antes de recibir su grado.
Según explicó la institución, el objetivo de la anulación es preservar la legalidad y el prestigio académico, así como garantizar que los títulos otorgados respondan a las exigencias normativas.
Este caso tomó relevancia nacional porque Guerrero había sido propuesta para asumir el cargo de viceministra de Juventudes, pero de confirmarse la nulidad del título, podría quedar inhabilitada para ejercer funciones públicas.
La universidad agregó que continuará adelantando las investigaciones correspondientes y tomará las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan.
La polémica generó cuestionamientos sobre los controles internos de la universidad y abrió un debate sobre la rigurosidad con la que se otorgan los títulos profesionales en el país.
Le puede interesar: Senado aprobó reforma a la educación que entrega más recursos a las universidades públicas
En medio del escándalo, la Fundación Universitaria San José también anunció hace algunos días la destitución de su secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, y de su equipo de trabajo directo, luego de que se estableciera su presunta participación en las irregularidades detectadas.
Además de la destitución, la institución educativa también presentó una denuncia penal contra Gutiérez Martínez, por los delitos de obtención de documento público falso y daño informático.
La institución adelantará procesos disciplinarios y no descarta más acciones judiciales para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
