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En lo corrido del 2024, la situación de riesgo para los guardias del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) alcanzó niveles alarmantes. Hasta la fecha, 17 guardias fueron asesinados y 375 más recibieron amenazas.
Por lo anterior, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago anunció que se firmó un decreto que amplió la prima de riesgo al 30% del salario mensual para el cuerpo de custodia del Inpec, así como para los directores y subdirectores de cárceles, en reconocimiento al peligro que enfrentan en su labor diaria.
La decisión del Gobierno se sustentó en el recrudecimiento de la violencia contra los guardianes, quienes fueron amenazados por diversos actores delictivos, incluidos grupos de delincuencia común, organizaciones narcotraficantes y guerrillas.
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Desde 2012 hasta lo que va del presente año, se han reportaron 90 muertes violentas de miembros de la guardia.
Uno de los casos más impactantes fue el asesinato en mayo del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, Élmer Fernández Velasco.
Además, se evidenciaron ‘planes pistola’ contra funcionarios de cárceles, perpetrados por bandas criminales como 'La Inmaculada', de Tuluá.
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Incluso, las investigaciones sobre el homicidio de Fernández apuntaron a esta estructura criminal, que había anunciado represalias por las medidas implementadas para frenar la delincuencia intramural, incluyendo el traslado de sus principales cabecillas.
Ante este panorama, el Gobierno modificó el artículo 11 del decreto 446 de 1994, que regula el régimen prestacional de los servidores públicos del Inpec, y realizó ajustes al decreto 0301 de 2024 para ampliar la prima de riesgo.
Esta medida responde a uno de los requerimientos de los sindicatos del Inpec, que exigen beneficios que compensen el riesgo diario al que están expuestos.
