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La Fiscalía General de la Nación expresó su respaldo al Gobierno Nacional por el decreto que permite la salida de personas privadas de la libertad en condición de vulnerabilidad en medio de la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus COVID - 19.
Una vez conocido el texto firmado por el Presidente de la República y sus ministros, el Fiscal General de la Nación y su equipo iniciaron la construcción de un plan estratégico de aplicación del decreto legislativo de emergencia.
“Las acciones serán adoptadas en el marco de las competencias legales y constitucionales de la entidad”, señaló la Fiscalía General.
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De igual forma la Fiscalía indicó que “como cabeza de la Política Criminal del país, es de vital importancia que se haya incluido, en el decreto 546 del 14 de abril de 2020, la garantía de derechos humanos de la salud de las personas privadas de la libertad que van a ser beneficiarias de la detención y la prisión domiciliaria transitorias”.
Asimismo, la Fiscalía General hizo un llamado de atención a las autoridades municipales y departamentales con el fin de que garanticen las condiciones de las personas recluidas en centros transitorios de detención.
El objetivo es que se velen por las “condiciones de las personas privadas de la libertad cobijadas con medidas de aseguramiento y condenadas que se encuentran en los centros transitorios de detención como estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), y otros, esto conforme al Artículo 27 del Decreto Legislativo 546 del 14 de abril de 2020”.
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La Fiscalía advirtió que será rigurosa en exigir el cumplimiento de esa obligación judicial por parte de las autoridades municipales y departamentales.
“El Decreto Legislativo 546 del 14 de abril de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, demuestra la cooperación armónica y responsable que existe entre nuestra Judicatura, el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación”, agregó el organismo investigador.
