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La Corte Constitucional volvió a encender las alarmas por la falta de garantías de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias.
De acuerdo con el alto tribunal, persisten los bloqueos institucionales que impiden cumplir integralmente los compromisos pactados y le pidió al Gobierno incorporar acciones concretas, metas y recursos en el Plan Nacional de Desarrollo para superar esta situación.
Esta decisión está contenida en el Auto 1538 de 2026, de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022, mediante la cual se declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración masiva y sistemática de los derechos fundamentales de las personas que firmaron el Acuerdo de Paz y sus familias, particularmente en materia de seguridad.
Según explicó la Corte, se encontró que, aunque las entidades estatales reportan algunos avances, todavía no hay información suficiente para demostrar que las instituciones encargadas de garantizar su protección estén funcionando efectivamente y que las medidas adoptadas estén produciendo resultados reales.
Persisten los bloqueos institucionales
En el seguimiento a esta sentencia, el alto tribunal identificó cinco bloqueos institucionales relacionados con la falta de capacidades de las entidades, las dificultades de coordinación y monitoreo, la ausencia de indicadores para medir los avances en la protección de esta población y la desarticulación del sistema de seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Ante la persistencia de estas fallas, la Sala recordó que el Acuerdo de Paz es una política pública de Estado y que su implementación constituye una obligación constitucional para todas las autoridades.
Aunque el Gobierno tiene autonomía para definir cómo cumple esos compromisos, esa facultad tiene límites: debe respetar los principios de integralidad, progresividad y no regresividad. Esto significa que no puede suspender, aplazar indefinidamente ni desfinanciar de manera sustancial las garantías de seguridad pactadas.
La Corte exige presupuesto y compromisos concretos
En materia presupuestal, la Corte le ordenó al Gobierno incluir un componente de paz en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo y lo exhortó a incorporar compromisos y acciones específicas para superar el estado de cosas inconstitucional.
Además, deberá presentar un informe detallado con los objetivos, las metas y los recursos destinados a resolver esta problemática, así como los mecanismos que garanticen la continuidad presupuestal de las medidas de seguridad.
La Sala tuvo en cuenta las advertencias de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría delegada para el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, que señalaron riesgos importantes por las reducciones presupuestales y los problemas de funcionamiento de las instituciones responsables.
El sistema de seguimiento también está bajo la lupa
Pero las exigencias de la Corte no se limitan a los recursos económicos. También apuntan a que funcione todo el sistema institucional encargado de hacer seguimiento a las garantías de seguridad.
Por eso, le pidió al Gobierno garantizar que exista una entidad con capacidad institucional, recursos presupuestales, personal y suficiente jerarquía para coordinar y monitorear la implementación del Acuerdo de Paz.
Sumado a eso, también requirió a los representantes del Gobierno en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, conocida como CSIVI, garantizar la continuidad y el funcionamiento efectivo de esa instancia, en coordinación con los representantes de los firmantes.
Entre la información que deberán entregar están el calendario de sesiones para 2026 y 2027, el presupuesto para su funcionamiento y una batería de indicadores que permita establecer si la política de seguridad está avanzando, permanece estancada o presenta retrocesos.
La misma Corte confirmó que también puso la lupa sobre el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, conocido como SISEP. A las autoridades que integran su Instancia de Alto Nivel les exigió garantizar el funcionamiento del sistema de planeación, información y monitoreo institucional, además de definir los indicadores con los que se medirán sus resultados.
Sobre el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, la Sala reconoció avances en la creación de una subcomisión de seguimiento y en la construcción de indicadores. Sin embargo, advirtió que todavía no hay pruebas suficientes de que esos mecanismos estén funcionando y permitan evaluar los resultados de la política.
Comisión de Garantías y reincorporación, entre las requeridas
Otra de las entidades requeridas fue la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que deberá asegurar la implementación y el seguimiento de la política de desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra la construcción de la paz, junto con su respectivo plan de acción.
La Corte señaló que tampoco cuenta con elementos suficientes para determinar si el sistema de seguimiento de esa política está operando efectivamente y si sus indicadores permiten medir resultados verificables.
En ese mismo sentido, se explicó que también quedó bajo requerimiento el Sistema Nacional de Reincorporación, en cabeza de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Esta entidad deberá garantizar el funcionamiento efectivo del Subcomité de Articulación, Planificación y Seguimiento.
Además, tendrá que entregar información sobre los informes semestrales, el estado de los indicadores y los mecanismos para medir cómo avanzan los programas y planes de reincorporación en los territorios.
Entidades tendrán entre 20 y 30 días hábiles para responder
En este punto, y de acuerdo con el auto de la Corte, se especifica que para verificar el cumplimiento de todas estas exigencias, la Sala estableció plazos de 20 o 30 días hábiles, dependiendo de la entidad y de la orden correspondiente, para que las autoridades entreguen información actualizada y verificable.
Con esos reportes, la Corte evaluará el cumplimiento de las órdenes impartidas anteriormente y establecerá si los mecanismos institucionales están funcionando realmente.
La decisión corresponde al Auto 1538 de 2026, con ponencia del magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar aclaró su voto.
La advertencia del alto tribunal es clara, dado que el documento explica de forma puntual que no basta con anunciar programas, crear comisiones o reportar reuniones. El Estado debe demostrar, con presupuesto, indicadores y resultados verificables, que está protegiendo la vida y los derechos de quienes dejaron las armas y firmaron la paz.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Qué le pidió la Corte Constitucional al Gobierno?
Incluir en el Plan Nacional de Desarrollo compromisos, acciones, metas y recursos específicos para superar el estado de cosas inconstitucional que afecta la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz.
¿Por qué la Corte mantiene la alerta sobre esta población?
Porque persisten bloqueos institucionales, dificultades de coordinación, problemas presupuestales y falta de indicadores que permitan demostrar que las medidas de protección están funcionando.
¿Qué entidades e instancias deberán responder a los requerimientos?
La entidad encargada de coordinar la implementación del Acuerdo, la CSIVI, el SISEP, la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
¿Cuánto tiempo tienen las entidades para entregar la información?
La Corte estableció plazos de 20 o 30 días hábiles, según la autoridad y la orden correspondiente, para presentar reportes actualizados y verificables.
