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20 Ago 2020 01:21 PM

EPM: Abecé para entender la crisis

El anuncio de una acción jurídica contra empresarios involucrados en la construcción de Hidroituango generó la crisis institucional.
Juan Carlos
Higuita Echeverri
@JUANCARLOSHIGUI

Medellín pasa por uno de los momentos más críticos en las relaciones que se han mantenido entre los empresarios y el gobierno local, por cuenta de una acción legal anunciada por el alcalde Daniel Quintero contra diseñadores, constructores e interventores de Hidroituango, que involucra a empresas e intereses en la región.

Aquí explicamos las consecuencias de esa ruptura y la necesidad de restablecer las buenas relaciones. 

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¿Por qué es importante EPM en el país y Latinoamérica? 

Porque más que una empresa de servicios públicos, EPM es un grupo que tiene 65 años de existencia, es uno de los más importantes del país y tiene presencia en 123 municipios de Antioquia donde presta el suministro de energía eléctrica, gas por red, acueducto y saneamiento.

Las Empresas Públicas de Medellín, también  prestan algunos servicios en otros departamentos como Atlántico, Chocó, Caldas, Santanderes y Quindío. Además, participa en el mercado de México, Guatemala, Panamá, El Salvador y Chile. 

La entidad transfiere entre 1.3 y 1.5 billones de pesos anualmente a la ciudad de Medellín, para el desarrollo de los proyectos sociales del gobierno local.

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¿Ha tenido momentos críticos en el pasado como los que hoy vive?

Si ha pasado por momentos complejos, pero no con la gravedad de una renuncia general de su Junta Directiva.

En el asunto político, uno de los momentos más complicados fue cuando se separó su servicio de telecomunicaciones, en el que se constituyó la filial Une Epm Telecomunicaciones en el año 2007, ese fue un paso muy controvertido, pero se ejecutó. 

Su situación más compleja en lo social, político, económico y administrativo, fue la emergencia ocurrida en Hidroituango, el 28 de abril de 2018, por cuenta del taponamiento de uno de los túneles de desviación y posterior creciente del Río Cauca. 

A partir de ahí, ha tenido que afrontar situaciones complejas y destinar los recursos para la atención de las comunidades afectadas aguas abajo del proyecto, también acatar las decisiones de la ANLA, las investigaciones que han tenido las entidades de control y asumir las repercusiones económicas por la no entrada en operación que se tenía prevista para el mes de noviembre de 2018.

Hidroituango, que dos años y cuatro meses después de la emergencia, pasó de ser el proyecto de generación de energía más grande que se construye en Colombia, a desencadenar el momento en lo político, administrativo, económico, más complejo de los últimos años, debido a un proceso jurídico anunciado por el alcalde Daniel Quintero, la renuncia de la Junta Directiva de EPM y el distanciamiento del empresariado en la región por estas determinaciones. 

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¿Cuándo comienzan las diferencias entre la Alcaldía de Medellín, la junta directiva de EPM y los empresarios?

Hidroituango es el punto de partida, pues hubo advertencias en su junta directiva de algunas decisiones que se tomaron, como el “Plan de Aceleración” para cumplir con los tiempos de entrega, y que, según los análisis habría llevado a la emergencia de abril de 2018. 

Mauricio Tobón, exgerente del IDEA, Instituto para el Desarrollo de Antioquia, entidad descentralizada del gobierno seccional y quien perteneció a la junta directiva de Hidroituango aclaró que: “en el proyecto se tomaron decisiones equivocadas como el famoso ‘Plan de Aceleración’ que buscó terminar más rápido el proyecto y que originaron hechos como el taponamiento de los túneles de desvío del Río Cauca”. 

Por las nuevas acciones legales adoptadas por la alcaldía y EPM, el consorcio diseñador, Generación Ituango; el consorcio constructor, CCCI y el consorcio interventor Ingetec-Sedic, son llamados a conciliación o una demanda. Empresas que son importantes para la región pero que además representan los intereses de los privados. 

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¿Quiénes están divididos o enfrentados?

Hay una división entre los empresarios y el gobierno de Medellín, pero en medio esta la sociedad que ha generado posiciones de un lado o del otro por cuenta de esta determinación jurídica que ha trascendido a lo social y económico en la capital antioqueña. 

Nicolás Posada, director del Comité Intergremial de Antioquia, que agrupa a 29 gremios económicos y 5 Cámaras de Comercio del departamento, a gran parte del empresariado de esta parte del país, dice que la división viene por la violación del Gobierno Corporativo, porque decisiones tan importantes deben pasar por una junta directiva, que según ellos es la instancia que debe analizar ese tipo de medidas que adopta una empresa pública.

Explicó que: “cuando se viola todo el gobierno corporativo de la empresa más importante que tiene Colombia, que es EPM, no hay un respeto. Y el mismo alcalde afirma que las personas que lo acompañan en las juntas directivas tienen que pensar como él”. 

Para Mauricio Tobón, quien representaba al anterior gobierno departamental en la junta directiva de Hidroituango, la división llegó porque se tocaron los intereses directos de los empresarios. 

Según él: “viene de los sectores que el alcalde Quintero está tocando con la decisión de reclamar los dineros y eso ha suscitado diferencia con algunos empresarios, que han salido a la defensa de las empresas a las que se les está reclamando”.

Otra mirada tiene el concejal del Centro Democrático y ex candidato a la Alcaldía de Medellín, Alfredo Ramos, pues para él, la ruptura del gobierno corporativo llevó al distanciamiento entre los empresarios y el gobierno local. 

Aseguró el concejal que “se ha hecho una ruptura muy grande cuando el alcalde de Medellín pretende a través de las juntas directivas, convertirlas en juntas de bolsillo, que le aprueben todo lo que él quiere y no le chisten y es preocupante que se rompa con el gobierno corporativo en Ruta N y EPM”.

Pero además se desató la crisis también en Ruta N, la explicación la da el ex alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien culpó al actual mandatario local: “lo de Ruta N es muy grave, es la politización de la empresa, es lo que ha intentado y por eso ordenó la salida del gerente, al que él nombró y que termina yéndose porque no quiso politizar la empresa”. 

Desde esa decisión y debido a la relación de empresarios, constructores, junta directiva y EPM en general, se da esa división en ambas instituciones. 

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¿Por qué el proceso jurídico de EPM contra diseñadores, constructores e interventores de Hidroituango?

Porque según la alcaldía de Medellín, se conoció que durante el desarrollo constructivo del proyecto habían problemas para cumplir correctamente con el “hito de entrada en operación comercial de las unidades de generación” y que las recomendaciones, decisiones y acciones que se tomaron trajeron consigo un riesgo, que a la postre, condujo al colapso de la galería auxiliar de desviación y que obligó a gestionar un manejo sin precedentes de los riesgos ambientales, sociales y de infraestructura siniestrada al interior de la caverna de transformadores.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero explicó que el proceso de conciliación no requería ir a junta, porque correspondía a una decisión jurídica. Sin embargo, debe hacer la reclamación. 

Sobre la presentación del proceso dijo el mandatario local que es “un proceso de conciliación en el que EPM y su equipo jurídico está reclamando, que quienes diseñaron, construyeron, fueron interventores y aseguradores le devuelvan a la empresa 9.9 billones de pesos, que son recursos públicos”. 

Un proceso de conciliación que cumple los tiempos estipulados, según lo explicó Mauricio Tobón, exmiembro de la junta directiva del proyecto hidroeléctrico: “se viene hasta el 10 de noviembre el proceso de conciliación con los contratistas que participaron y si no se logra antes de esa fecha, se tendrá que iniciar una acción jurídica de demanda, fundamentada en los estudios que ha desarrollado EPM sobre lo que fue la crisis de Hidroituango y finalmente ir a los estrados judiciales para resolver esa situación”. 

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¿Cuáles son las repercusiones de lo que hoy ocurre en Medellín?

Una es la económica, debido a que del estimativo de transferencias de EPM al municipio por 1.5 billones de pesos anuales no se cumplirá este año y son recursos que van directamente a los proyectos sociales del gobierno local el próximo año. 

Aclaró el alcalde Daniel Quintero que “al principio del año estaba muy mal, estaba proyectada en 300 mil millones de pesos, pero por el efecto Covid-19, ha ido subiendo ya vamos en unos 700 mil millones y esperamos que termine el año en 1.2 billones. Vamos a tener un efecto de 200 mil millones”. 

Para el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez esas repercusiones económicas tienen impactos negativos. Dice el exmandatario que: “calificadoras de riesgo bajan la nota a EPM, ¿eso qué significa?, que con decisiones como las que tomaron el alcalde y el gerente, tienen afectaciones en los bonos emitidos de Empresas Públicas de Medellín, que debilitan su valor y afectan incluso las pensiones de los colombianos”.

Además, otra repercusión se resume en que están quebrantadas las relaciones de “Universidad – Empresa – Estado” que ha sido fundamental para el desarrollo de la región y que ha permitido avances significativos.

El director del Comité Intergremial de Antioquia, Nicolás Posada, dijo que “es esa articulación que lleva funcionando en Medellín a lo largo de 25 años, que es ejemplo nacional y que gracias a ella tenemos empresas sólidas, gracias a esa articulación EPM es una empresa que no se ha quebrado, por eso es que ha funcionado, por esa articulación sana, ejemplar y modelo entre lo público y lo privado”. 

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¿Qué debe venir para EPM, Medellín y el empresariado para recuperar esta crisis?

Según el nuevo miembro de la Junta Directiva de EPM, ex alcalde de Medellín y ex congresista Omar Flórez Vélez, es un arduo trabajo para sacar adelante a Hidroituango y también por la conciliación para el desarrollo de la región. 

Dijo el exmandatario local de Medellín que “la complejidad del componente financiero, jurídico de ingeniería tiene que ser tratado por expertos en esas áreas, y ellos ilustrarán a la junta directiva para tomar las decisiones más pertinentes y convenientes a los intereses de la comunidad”. 

El director del Comité Intergremial de Antioquia, Nicolás Posada, dice que lo que viene es recuperar la confianza, que, aunque complejo, debe ser el camino a seguir: “va a ser muy difícil, porque esto no es ni de una ni diez reuniones, es con acciones concretas y con planes. Uno pierde la reputación y la confianza en un segundo, pero para recuperar esa reputación y confianza se requiere mucho tiempo”. 

El exalcalde, Federico Gutiérrez, opina que se hizo el cambio de la Junta Directiva, pero debe también generar un cambio en la gerencia: “Que la nueva junta nombre a un nuevo gerente y que se restablezca el gobierno corporativo en la empresa”.

Mientras tanto el gobernador encargado de Antioquia, representando al gobierno seccional, socio mayoritario en Hidroituango, empresarios, ciudadanos del común, han manifestado la necesidad de recuperar el camino que ha tenido la ciudad, de reconciliación, de pasar la página y encaminar el rumbo para recuperar al proyecto, respetando los gobiernos corporativos, pero pensando por encima de todo en los antioqueños y el progreso de esta parte del país. 

Fuente
Sistema Integrado de Información