El hurto de armas que salpica al pescador “Coroncoro”, señalado por Petro de haber sido bombardeado por EE. UU.

El ataque ocurrió el 16 de septiembre, cuando Estados Unidos ejecutó una operación aérea contra una lancha señalada de transportar droga.
Fricción diplomática entre Petro y Trump por ataque aéreo en el Caribe.
Fricción diplomática entre Petro y Trump por ataque aéreo en el Caribe. Crédito: Colprensa

Un nuevo episodio de fricción diplomática se vivió entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, tras los señalamientos del mandatario colombiano sobre un ataque aéreo en el mar Caribe que, según su versión, afectó aguas bajo soberanía nacional.

Petro afirmó que durante la operación murió un colombiano identificado como Alejandro Andrés Carranza Medina, de 40 años, y calificó el hecho como un “asesinato”. Sostuvo además que funcionarios estadounidenses habrían participado en la acción militar y pidió explicaciones al gobierno norteamericano, además de solicitar a la Fiscalía abrir una investigación.

El operativo del 16 de septiembre y los antecedentes de Carranza

El ataque ocurrió el 16 de septiembre, cuando Estados Unidos ejecutó una operación aérea contra una lancha señalada de transportar droga. Petro aseguró que en esa embarcación se encontraba Carranza, quien, según su familia, se dedicaba a la pesca en Gaira, Santa Marta. “Era un pescador, no un narcotraficante”, escribió el mandatario en redes sociales.

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Horas después, se conoció que Carranza había sido procesado años atrás por un caso judicial que involucró a la Policía Metropolitana de Santa Marta. Entre marzo y septiembre de 2015, la Fiscalía 19 Seccional del Magdalena investigó la desaparición de 264 armas incautadas a grupos ilegales. En esa ocasión fueron capturados siete implicados, entre ellos un mayor de la Policía y Carranza, el único civil detenido.

Alejandro Andrés Carranza
Alejandro Andrés Carranza, colombiano fallecido en ataque aéreo al CaribeCrédito: Fiscalía

De acuerdo con documentos judiciales citados por El Tiempo, la investigación determinó que una patrullera falsificó la firma de un fiscal para retirar las armas del almacén de evidencias de la Sijín, las cuales habrían sido entregadas a Los Pachenca, hoy llamados Autodefensas Conquistadores de la Sierra. Carranza aceptó los cargos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento público y hurto agravado.

Versiones opuestas sobre la lancha atacada

Familiares de Carranza sostienen que él se dedicaba exclusivamente a la pesca. “Salía a pescar todas las madrugadas. No tenía enemigos ni andaba en nada raro”, declaró su prima Audenis Manjarres a RTVC Noticias. La mujer afirmó haber reconocido la lancha en los videos del ataque difundidos por medios internacionales, donde se observa una embarcación inmóvil con el motor levantado, señal de avería o solicitud de auxilio.

Petro reiteró que la lancha “estaba apagada, a la deriva y en aguas colombianas”. Desde Washington, fuentes militares señalaron a El Tiempo que la embarcación transportaba cocaína con destino a Estados Unidos y que el ataque fue parte de una operación antidrogas. Hasta ahora, no se han presentado pruebas públicas que confirmen ninguna de las dos versiones.

Repercusiones diplomáticas y debate sobre la soberanía

Según análisis publicados el mismo medio, el tema central del caso no se limita a la identidad de Carranza, sino a la legalidad de una intervención militar extranjera en aguas nacionales. Expertos en derecho internacional advirtieron que el incidente podría abrir un debate sobre los límites de la cooperación antidrogas entre Colombia y Estados Unidos.

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Pescadores del Caribe expresaron preocupación por su seguridad ante posibles confusiones durante las operaciones marítimas. “Si a un colombiano lo matan en el mar y luego dicen que era narco, cualquiera puede ser la próxima víctima”, afirmó un trabajador de Taganga a El Tiempo.

El analista Gabriel Jiménez Peña explicó al citado diario que Colombia podría presentar una nota de protesta formal si la Cancillería concluye que hubo una violación territorial, aunque el pasado judicial de la víctima podría complicar el reclamo diplomático.

Mientras tanto, la familia mantiene su versión: Carranza murió ejerciendo su oficio de pescador y no debe ser utilizado con fines políticos. El caso continúa generando tensiones diplomáticas que ponen a prueba la relación bilateral entre Bogotá y Washington y reavivan el debate sobre la soberanía y las operaciones internacionales en el Caribe.


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