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En medio del debate de control político adelantado al Gobierno por supuestas irregularidades en contratación para el posconflicto –por hechos relacionados con el sonado escándalo del Cartel de la Paz–, el Centro Democrático denunció que se han celebrado millonarios contratos con familiares y amigos de los funcionarios de la Alta Consejería para el Posconflicto.
Así lo hizo saber en el debate el representante Samuel Hoyos quien a nombre de su partido denunció que la hasta hace unos días directora del fondo Colombia en Paz, Gloria Ospina, le concedió un contrato a su pareja por más de $1.000 millones para la realización de un sistema integrado de información para el posconflicto, algo que aún no se ha ejecutado.
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“Al señor Fernando Cifuentes, novio de la señora Ospina, mano derecha del ministro para el posconflicto, Rafael Pardo, le fue otorgado ese contrato. Ella contrató a su pareja pero para el día de hoy no hay nada. Además esa función ya se podía hacer a través del sistema integrado de información financiera que hace las mismas funciones, es decir no había que crear una nueva plataforma de $1.300 millones para hacer el control”, indicó.
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A su turno, el represente Edward Rodríguez, también del Centro Democrático, afirmó que el Gobierno aseguró la contratación de burocracia en la JEP por más de $200.000 millones para contratar a unos 900 funcionarios.
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“200.000 millones de pesos para contratar a 873 funcionarios, 20 magistrados del Tribunal, eso sí es mermelada. 18 magistrados de salas, 61 magistrados auxiliares, con sueldos superiores a 25 millones de pesos cada uno también lo es”, afirmó Edward Rodríguez.
Rodríguez cuestionó que el Fiscal de la JEP sea nombrado por los magistrados de la Jurisdicción Especial para La Paz. Al respecto, le reprochó al ministro del Interior, Guillermo Rivera, advirtiéndole que el Fiscal debió ser elegido por otras entidades independientes al Gobierno y la propia JEP.
