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La Defensoría evidenció situaciones como el déficit del recurso hídrico, incumplimiento en la aplicación de los planes de manejo ambiental, cambios en la vocación de los suelos (originalmente agrícolas), daños en la infraestructura habitacional y ruptura del tejido social en ciertos sectores de la población.
Otras zonas donde la entidad estuvo presente fueron las veredas El Peñón y San Miguel de Sibaté, donde las consecuencias son de tipo ambiental, social y económico, a un poco más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, y también a sitios en zona rural de Choachí, cerca de los páramos de Cruz Verde y el Parque Nacional Natural del Sumapaz.
Los datos recopilados por el organismo de control indican que Cundinamarca cuenta con 1.013 títulos mineros vigentes, 1.062 solicitudes de contrato de concesión y casi 270 solicitudes de legalización. Lo anterior, permite concluir que se proyecta al departamento con un total de 2.344 títulos con una extensión aproximada de 912 mil 846 hectáreas para uso minero, algunos de ellos con vigencia hasta por 20 y 30 años.
Datos de la Agencia Nacional Minera revelan que los municipios con mayor cantidad de títulos mineros en Cundinamarca son Nemocón con 96, Soacha con 60 y Lenguazaque con 55, en tanto que los que reportan mayor cantidad de solicitudes en curso son Yacopí con 50, Guaduas con 45 y Ubalá con 40.
La entidad solicitará el concurso de otros organismos de control y una acción más decisiva del Estado en materia de prevención.
